Amnistía Internacional insta a los Estados a priorizar la vacunación de los grupos de riesgo

Ante el comienzo de la inmunización contra el COVID-19 en muchos países de la región, Amnistía Internacional instó a los Estados a priorizar la vacunación de los grupos de población de riesgo.

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En su informe “Las vacunas en las Américas: diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”, Amnistía Internacional recalcó que América Latina y el Caribe ha sido duramente golpeada por la pandemia, ya que hasta el momento continúan lidiando con altas tasas de infección.

Asimismo, ha reconocido que las autoridades de cada país junto a los profesionales de la salud trabajan constantemente para proteger a la población. Sin embargo, resaltó que tras iniciarse la inmunización de las personas más vulnerables han aparecido señales de alarma, como la falta de transparencia en las negociaciones de las vacunas.

En ese sentido, varios países no han tenido en cuenta a los grupos que están expuestos a un riesgo mayor en la pandemia; así como hay autoridades que han utilizado las vacunas para obtener beneficios políticos o personales, lo cual generó indignación en la población.

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Un factor clave en esta situación es que muchos países de Latinoamérica están próximos a sus procesos electorales, incluido el Perú. “En contextos así, podríamos asistir a un uso de las vacunas destinado a obtener beneficios políticos o personales”, resaltó el informe.

Priorizar población de riesgo

Amnistía Internacional informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (REDESCA) instaron a los gobiernos a que sus decisiones se basen en las “necesidades médicas y de la salud pública en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los obligan”.

Una deficiencia encontrada por esta organización en el caso peruano, además de las diversas controversias ocurridas, es que en el Plan Nacional de Vacunación no hay ninguna estimación del número de personas incluidas en cada grupo y fase de inmunización.

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Sobre la inmunización de los reclusos en cárceles del Perú, Amnistía Internacional precisó que “las prisiones tienden a tener una alta prevalencia de enfermedades, infecciones y patógenos debido a las deficientes condiciones de vida, que con frecuencia incluyen hacinamiento y prácticas insalubres”.

Respecto a la situación en Perú y Brasil, donde se habría vacunado a personal administrativo y directivo de los hospitales que no están en primera línea de lucha contra el COVID-19, la organización aseguró que “es un asunto grave, sobre el que los gobiernos deben tomar medidas, especialmente en los casos en que el suministro de vacunas para el personal sanitario ha empezado ya a reducirse en el segundo mes de vacunación en la región”.

Sobre la vacunación de migrantes extranjeros, Amnistía Internacional citó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) al referir que “incluir a las personas refugiadas en las campañas de vacunación es clave para poner fin a la pandemia”.

Transparencia de información

Un aspecto clave en el proceso de vacunación, según la Amnistía Internacional, es que los gobiernos sean transparentes respecto a las decisiones públicas que se toman.

“Los Estados deben garantizar que todo proceso de toma de decisiones sobre la asignación nacional está basado en la transparencia y en el derecho a la información, con una participación efectiva y significativa de representantes de la sociedad civil, en concreto de las poblaciones de riesgo que puedan verse especialmente afectadas por tales decisiones”, aseguró.

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Además, se debe implementar políticas que garanticen la disponibilidad, accesibilidad y calidad de las vacunas contra el COVID-19 a todas las personas; de acuerdo a los principios de transparencia, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación.

Intervención del sector privado

Según Amnistía, las empresas privadas tienen la responsabilidad de “abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros”. Asimismo, los gobiernos deben monitorear toda iniciativa de las entidades privadas para asegurar de que estas contribuyan a un acceso justo a las vacunas y se cumpla con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

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“Si bien los agentes no estatales pueden colaborar con los Estados en aspectos de la prestación de los servicios vinculados a los planes nacionales de vacunación, esas entidades no deben tomar la iniciativa de la compra directa a los proveedores ni decisiones relativas al reparto de las vacunas”, precisó Amnistía.

Deficiencias

Una deficiencia preocupante en el Perú -según Amnistía- es la falta de información y protección del personal médico. Ante esta situación, la organización pidió al Ministerio de Salud (Minsa) una lista de los médicos fallecidos por coronavirus, y se les envió una relación que se contaba por miles, lo que suponía que “Perú tenía el mayor número de muertes de profesionales de la salud del mundo, muy por encima del de países con poblaciones considerablemente mayores que la suya”.

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Sin embargo, realmente “ninguna institución pública de Perú ha podido cuantificar hasta la fecha el porcentaje de fuerza laboral sanitaria en activo que ha contraído COVID-19”; por lo que suponen que el Minsa proporcionó una lista de muertes que incluía a la totalidad del personal sanitario, actual e inactivo, sin limitarse al que trabajaba en primera línea.

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