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Los fiscales revisaron las computadoras en las sedes policiales intervenidas, en el Cercado de Lima.
Por Carlos Neyra
La fiscalía anticorrupción intervino el lunes las oficinas de abastecimiento y logística de la Región Policial Lima y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de la capital. Esto sucedió tres días después de la juramentación del general en retiro Gastón Rodríguez como ministro del Interior, en reemplazo de Carlos Morán, quien renunció.
La fiscalía anticorrupción intervino el lunes las oficinas de abastecimiento y logística de la Región Policial Lima y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de la capital. Esto sucedió tres días después de la juramentación del general en retiro Gastón Rodríguez como ministro del Interior, en reemplazo de Carlos Morán, quien renunció.
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Además, hace dos días fue relevado y pasado al retiro el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Luis Lavalle, por el escándalo de presuntas sobrevaloraciones en la adquisición de productos de protección personal e higiene para los agentes policiales. En su reemplazo entró el general Max Iglesias Arévalo.
La intervención
Los magistrados Marco Huamán Muñoz y Mónica Silva Escudero, de la fiscalía anticorrupción, intervinieron ambas sedes policiales para proceder con la incautación de documentos de los procesos de contratación. También revisaron los equipos de cómputo de dichas oficinas para identificar posibles modificaciones en el contenido de los archivos de cómputo.
El fiscal Omar Tello, coordinador nacional de la fiscalía anticorrupción, confirmó a este Diario que se realizó el operativo y descartó que se fuera a detener a alguna persona. “Están en diligencias y posibles incautaciones [de documentos], no hay orden judicial por cuanto son documentos públicos. No hay orden de detención”, precisó.
La magistrada Mónica Silva, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se apersonó ayer por segunda vez a las oficinas de abastecimiento y economía de la sede de la Dirincri (la primera intervención se realizó el viernes pasado). Ayer recabó muestras de los productos adquiridos que se encontraban en mal estado de conservación (mascarillas, guantes, entre otros) y documentos que le permitan identificar a las compañías que fabricaron los productos, así como a las empresas que los importaron.
También revisó los libros de control de ingreso y salida de mercadería durante el período de aislamiento social obligatorio, en vista de que existen incongruencias entre las guías de remisión y las órdenes de compra.
El viernes, la fiscal Silva inició investigación preliminar contra los que resulten responsables en la adquisición de productos de bioseguridad y limpieza, que fueron valorizados en S/1’455.000 para la Dirincri y que fueron suministrados por tres empresas y cuatro personas naturales que cuentan con negocios.
Durante la primera intervención, un grupo de fiscales se dirigió al sótano, donde funciona el almacén y la oficina de abastecimiento. Allí incautaron documentos como órdenes de servicios, los libros de registro de ingreso y salida de mercadería, correos electrónicos y otros oficios que fueron emitidos durante el período de aislamiento social.
Otro equipo se dirigió al piso 10 de la sede policial, donde funciona la oficina de economía. Allí procedieron a levantar actas y entrevistar a los policías que cumplen labores administrativas.
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Los fiscales revisaron las computadoras en las sedes policiales intervenidas, en el Cercado de Lima.
Más pesquisas
El fiscal Marco Huamán ingresó ayer a la sede de la Región Policial Lima acompañado por personal de la División de Alta Complejidad PNP (Diviac) para incautar documentos del proceso de contratación y revisar los equipos de cómputo, a fin de identificar una posible manipulación en los archivos de los procesos de contratación que fueron registrados en el sistema del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado.
Días atrás, este Diario informó que la Región Policial Lima había contratado a la empresa Azur Servicios S.A.C. –dedicada a la comercialización de cámaras de video y emitir fotocopias– para que preste el servicio de fumigación en las 180 comisarías de Lima y el Callao, pese a no contar con autorización del Ministerio de Salud para brindar este servicio especializado. Esto habría causado la intoxicación de algunos agentes en la comisaría Villa Los Reyes en el Callao.
Sobre la intervención de la fiscalía, la oficina de prensa del Ministerio del Interior dijo ayer a este Diario: “El ministro Gastón Rodríguez Limo ya dispuso a la Policía Nacional que se le brinde todas las facilidades a la fiscalía para que puedan realizar las investigaciones que correspondan”.
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