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París (EFE)
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue imputado hoy por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional.
El anuncio de la fiscalía llegó después de que Sarkozy pasara quince horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un ex jefe de Estado francés.
El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de 10 años de prisión y 150.000 euros (US$205.000 dólares) de multa. Además, la condena puede suspenderle algunos derechos civiles.
En el mismo caso, que investiga si el ex mandatario y su entorno crearon una red de informadores que los mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales contra el político conservador, también han sido imputados su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos.
Las acusaciones
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.
Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña que lo llevó al Palacio del Elíseo en el 2007.
Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió al magistrado Azibert que el ex presidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.
Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.
Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil. Sospechan que a través de esas llamadas intentaba comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales, de los que le informaban supuestamente los citados magistrados.
De esa forma nació el llamado "caso de las escuchas", un dossier que deriva de una investigación original diferente, para determinar si el político recibió para su campaña presidencial dinero negro del depuesto dictador libio Muamar Gadafi.
Sarkozy, vinculado a siete investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado por el Caso Bettencourt, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L'Oreal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha de Gadafi.
