Mientras Tanto

¡Buenos días!

A la gran mayoría de ciudadanos el nombre de Fredy Hinojosa no les dice nada. Es un personaje conocido para los periodistas, pero no para la opinión pública en general. Por motivos de trabajo, nos vemos obligados a escuchar sus aletargantes conferencias de prensa, pues se trata nada menos que del vocero de la presidenta Dina Boluarte.

A Hinojosa lo hemos visto desempeñar muchas veces el rol de escudero de la presidenta, pero este martes le tocó a él el turno de defenderse de las imputaciones en su contra. Muy temprano, la fiscalía ejecutó un operativo de allanamiento en su vivienda. El vocero boluartista, al igual que otras trece personas, es investigado por presuntos actos de corrupción en las licitaciones que ganó la empresa Frigoinca para el programa Qali Warma. Hinojosa era director general del programa en la época en que Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Lo llamativo de la intervención de ayer no ha sido el allanamiento en sí mismo. Diversos políticos han sido, en los últimos años, sujetos a diligencias similares debido a las investigaciones en las que están involucrados. Lo peculiar de lo que ha ocurrido ayer es que la solicitud de la fiscalía no solamente consideraba el allanamiento de los inmuebles de Hinojosa y sus coinvestigados, sino que también incluía un pedido de detención preliminar. Sin embargo, esto fue desestimado, pues aún está vigente la ley que eliminó esta medida restrictiva para casos de no flagrancia.

Quizá muchos recuerden que la semana pasada el Congreso fue objeto de duras críticas por haber eliminado la detención preliminar cuando no había flagrancia. Esto beneficia no solo a corruptos, sino a delincuentes de todo tipo: violadores, extorsionadores, secuestradores y otras lacras. El sábado en la madrugada, el Parlamento dio marcha atrás y restableció esta figura. Pero para que esta entre en vigencia tiene que ser promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. En otras palabras, la inacción del Ejecutivo, casual o calculada, salvó de la detención al vocero de la presidenta. La gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más seguirá dilatando el Gobierno la promulgación de la norma?

Hasta la próxima semana.