El canal del Estado, por Ricardo Ghibellini H.

‘Estado’ es un concepto que evoca continuidad. A diferencia de los gobiernos, el Estado permanece en el tiempo y no cambia sus núcleos esenciales con cada elección general. Esto hace posible que una red de instituciones públicas mantenga cohesionada la administración. En el Perú son pocas las instituciones que funcionan. El canal del Estado es hoy una de ellas. Pero no siempre fue así.

Por muchos años, se condenó el uso de este canal para los fines propagandísticos del gobierno de turno. Y en realidad ese era el menor de sus problemas porque cumplido el discutible objetivo político de promocionar los actos gubernamentales, podría haber desarrollado las tareas propias de su función (brindar cultura, información y entretenimiento).

Pero no ocurría ello. El canal del Estado no solo era la oficina de relaciones públicas de los gobiernos de turno sino que, además, facturaba como un canal privado, desvirtuando por completo el sentido para el que fue creado. ¿Por qué? Porque utilizando gratuita e ilegalmente la capacidad de retransmisión instalada a escala nacional por el Ministerio de Educación y el de Transportes y Comunicaciones, una mafia descentralizada tenía como “negocio” la venta de espacios publicitarios hasta en el último caserío donde llegaba la señal pública.

Este esquema tenía una coartada. Decían que el canal debía “generar sus propios recursos” para ser autosostenible. Así no le costaría al erario público, se afirmaba. Una verdadera patraña porque la corrupción en la venta de espacios publicitarios –30% del tiempo de transmisión total– generaba ingresos reales anuales menores a 5% del presupuesto. En simple: ¡los ingresos no representaban ni el 20% del costo de transmitirlos! En el resto del Perú la cosa era peor. Muchos de los responsables locales del sistema hacían mal uso del mismo cortando la señal original para transmitir una propia.

Es decir, perdía el canal, perdía el público y perdía el Estado, mientras que los mafiosos se llenaban los bolsillos.

Todo esto cambió en mayo del 2009, cuando se tomó la decisión de fortalecer la institucionalidad del canal del Estado, nombrando un directorio plural con independencia política y calidad profesional.

Se frenó el sistema de comercialización corrupto e ilegal, así como el descontrol del uso de la señal en provincias, cortando –en coordinación con la Fiscalía, la PNP y la Contraloría– la utilización por terceros de dicha señal.

En cuanto a los objetivos del canal, se fortaleció el área de producción informativa y cultural y se dio valor a las producciones en archivo, totalmente abandonadas. Asimismo, se limitó el uso del canal para fines políticos, circunscribiéndolos a las actividades oficiales del presidente de la República y prohibiendo los cortes en la programación regular.

El canal del Estado superó así viejos vicios, convirtiéndose en una alternativa de calidad a la programación comercial. Se mantuvo en el tiempo una política de fortalecimiento institucional que ha trascendido dos gobiernos. La actual presidenta del directorio, María Luisa Málaga, fue vicepresidenta de la gestión que realizó los cambios y fue nombrada en el cargo que ahora ocupa en marzo del 2010 por el presidente Alan García, siendo ratificada por el gobierno de Ollanta Humala.

Hoy, alarmantemente, existen al aire claros indicios de que se pretende volver al corrupto formato comercial, utilizando para ello incorrecta y gratuitamente la red de transmisión del Estado. Es una lástima que esto ocurra y habrá que pedir una inmediata rectificación.