Hasta el 5 de octubre, Neil Oliver Taish Petsa –un profesor de matemática que en el 2018 habría violado y dejado embarazada a una menor de 17 años– enseñaba en el colegio nacional de Chapiza, una institución educativa ubicada en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
Según se lee en una denuncia fiscal del 14 de octubre, Taish habría amenazado a su víctima, que era su alumna, para que no lo acusara. Y lo logró. Ella se calló y siguió yendo al colegio, embarazada y señalada por todos, mientras él continuó dictando clases, como si nada hubiera sucedido. Y así fue durante casi cinco años, hasta que el último 26 de setiembre otra de sus alumnas, una menor de apenas 15 años, lo denunció por acoso.
Aunque en la normativa se indica que un docente acusado de violencia sexual debe ser suspendido de inmediato, el colegio hizo caso omiso por días. Días en los que aquella sobreviviente de Taish del 2018 reunió fuerzas para también denunciarlo y presionar a las autoridades para que sea retirado de las aulas, y evitar así que agreda a otras niñas.
Este es uno de los 28.790 casos de presunta violencia –sexual, física y psicológica– de personal educativo a escolares que se han reportado en la última década en nuestro país. Es, también, uno de los 18 casos de presuntos abusos que se han presentado cada día en el 2023, en promedio, según datos del SíseVe, una herramienta del Minedu que permite que cualquier persona denuncie violencia en las aulas.
Las cifras de esta herramienta también revelan casos de violencia entre alumnos. En promedio, se han reportado 32 casos diarios de ‘bullying’ solo en el 2023, el número más alto desde la creación del sistema.
En total, desde enero del 2013 hasta setiembre del 2023 se han registrado 66.334 casos de presunta violencia en las aulas.
Aunque no necesariamente un mayor número de reportes significa más violencia –distintos expertos coinciden en que se debería a una mayor visibilidad de la herramienta–, es urgente que el sector Educación le preste atención a este problema. Si, efectivamente, alumnos, padres, profesores y colegios reportan más casos porque conocen el SíseVe, entonces urge que la respuesta a aquellas denuncias sea transparente y rápida. Urge, también, que las medidas sean eficaces y que se les dé a los menores herramientas de prevención, como una adecuada educación sexual integral.
Durante meses, desde ECData hemos reportado cuántos casos de violencia en las aulas no han sido atendidos en el tiempo correspondiente; cuántos profesores, como Taish, continúan enseñando, a pesar de tener antecedentes, incluso a pesar de haber sido hallados culpables.
Es necesario recordar que no es fácil para un menor denunciar un caso de violencia, mucho menos de abuso sexual. Si han podido hacerlo, no deberíamos fallarles. De lo contrario, indirectamente, estaremos silenciándolos.
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