Empresariado más proactivo

La participación del frente empresarial en la gobernanza del país demanda transformaciones urgentes. Algunos empresarios piensan que su articulación con el frente público se debe circunscribir al pago de impuestos, al auspicio de congresos o a la posibilidad de financiar campañas electorales. Como ha quedado demostrado, con eso no avanzamos.

Aun en la actual coyuntura, de transición gubernamental, es posible establecer puentes específicos que permitan una presencia más proactiva del empresariado a favor, por ejemplo, del apuntalamiento de la misma inversión e infraestructura nacional. Esto se puede alcanzar activando mecanismos de rendimiento de cuentas del sector público a favor del frente privado. Lo mejor de todo es que dichos mecanismos, en muchos casos, no requerirían de un nuevo marco legal ni demandarían de un carácter vinculante; solo necesitarían de una decisión inteligente de lado del empresariado.

Esbocemos tres posibles caminos que apuntan en la dirección reseñada.

Primero, si lo que se requiere es fomentar e impulsar la gran inversión, debemos ser más exigentes en el seguimiento y cumplimiento de la ejecución de los megaproyectos pendientes en el ‘pipeline’. Para lograrlo, el sector privado podría auspiciar y financiar la creación de un consejo de seguimiento de la infraestructura nacional. Este, conformado por ‘notables’ y con las prerrogativas de directores independientes, se encargaría de evaluar de manera no vinculante e informar a la opinión pública sobre los progresos en la ejecución de la infraestructura en todos sus frentes: cumplimiento de contratos, adendas, expedientes técnicos, financiamiento.

Segundo, es inaceptable que quien financia las arcas del erario nacional, el empresariado y la sociedad civil, no participen en la decisión que determina la calidad del empleo de los miles de millones de dólares administrados a través del Fondo de Estabilización Fiscal. Muchos empresarios no saben siquiera cómo opera. Grave error. Los últimos 10 años se han usado más de US$9.000 millones del fondo. Nadie ha rendido cuentas y el sector privado no las ha pedido formalmente. En esas circunstancias, la evaluación de la idoneidad de los destinos de estos recursos debe comprometer una opinión del sector privado, así no sea vinculante.

Tercero, la presencia del sector empresarial debería fortalecerse a favor de la ejecución de proyectos de menor escala, promovidos por los gobiernos subnacionales. En el ambiente del esquema de obras por impuestos, aún hay espacio para ampliar su alcance, su disponibilidad de recursos y mejorar sus magros procesos de rendición de cuentas que involucran. Cuando el sector público muestra limitaciones, la mejor manera de pagar impuestos no es con dinero, es con obras. Este mecanismo, bien calibrado, podría llevar a mejorar la imagen del sector empresarial en los centros poblados alejados de la capital, aceleraría la ejecutoria de los proyectos y elevaría su productividad.

En estos tres ambientes, la opinión que pueda emitir el sector privado sobre sus progresos podría hacerse llegar a entidades como el FMI, calificadoras de riesgo soberano internacionales y la misma OCDE. Todo esto tendría un efecto sutilmente disuasivo en la administración pública de turno. Importante remarcar que estos mecanismos solo serán efectivos si son independientes a los intereses particulares, de allí la importancia de ser cuidadosos al definir su operatividad.

Algunos dirán, sin aportar ideas y sin darle especificidad a las planteadas, que lo propuesto es difícilmente ejecutable y comprometería riesgos. Lo relevante es entender que no se puede dejar que instancias de un sector público deficiente sean las que exclusivamente rindan cuentas a otras instancias deficientes del mismo sector público. Así no avanzamos.