Equilibrio de poderes en democracia, por Luz Salgado Rubianes

Conforme ha pasado el tiempo, la democracia en el mundo ha ido perfeccionando sus formas y mecanismos de gobernabilidad, con la finalidad de garantizar estabilidad y alternancias del gobierno por medio de elecciones libres y soberanas, expresión suprema de la voluntad popular. 

En el Perú, este sistema ha establecido que exista un contrapeso o equilibrio de poderes que asegure que cada uno de ellos cumpla con sus funciones de manera puntual y sin excesos, de tal forma que uno no prime sobre el otro, pero que al mismo tiempo ambos se vigilen, conforme lo establecen nuestras normas constitucionales.

El 28 de julio del año pasado, los peruanos iniciamos un nuevo período de gobierno en un escenario distinto a los quinquenios anteriores: después de casi tres décadas y por voluntad de los electores, los poderes Legislativo y Ejecutivo, que tienen funciones y deberes diferentes, se encuentran en manos de dos partidos políticos distintos. 

El pueblo peruano le otorgó la mayoría parlamentaria a Fuerza Popular y al partido Peruanos por el Kambio (PPK) el Poder  Ejecutivo, es decir, la administración del gobierno, el manejo de los recursos públicos y la ejecución de obras en todo el país, apoyando la tarea que tienen los gobiernos regionales y locales.

Este hecho provocó que analistas políticos y articulistas predijeran y hasta afirmaran que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo sería de confrontación, de pelea permanente y obstrucción a las acciones del gobierno.

Los hechos demostraron que sus vaticinios eran equivocados y, por el contrario, fue el propio Ejecutivo el que destacó el debate alturado, la búsqueda de consensos y la mejora de sus iniciativas legislativas, que se dieron en distintos momentos políticos entre estos dos poderes.

Luego de otorgar el voto de confianza y la delegación de facultades, los congresistas y los ministros de Estado trabajaron de manera conjunta para aprobar la Ley del Presupuesto 2017, norma nacida del consenso y del debate serio y alturado.

Prometimos y cumplimos con atender de manera prioritaria las iniciativas legislativas del Ejecutivo, desde las seis autorizaciones de viaje del presidente de la República, hasta la ratificación de la superintendenta de Banca y Seguros y el presidente del BCR, propuestos por el gobierno.

Personalmente me satisface que de las 20 leyes aprobadas, 12 hayan sido por unanimidad, lo que demuestra que el consenso y el interés común han primado. También debo indicar que de las 20 normas, 10 fueron iniciativas del Ejecutivo, ocho del Congreso y dos de la Contraloría General de la República.

Por estas leyes hemos autorizado el quinto tramo del aumento de remuneraciones para policías y militares, transferimos recursos de Educación a Salud, promulgamos la nueva Ley de los Institutos Superiores, el IGV justo para las microempresas, ordenamos que no sea exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por la contraloría, ampliamos la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada para servidores del Estado a funcionarios públicos y trabajadores de confianza, y desactivamos el Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

En materia de fiscalización, creamos tres comisiones investigadoras: la primera sobre las obras en el gobierno del ex presidente Ollanta Humala, el derrame de petróleo en la selva y el Caso Lava Jato. Igualmente, entregamos facultades de investigación a las comisiones de Fiscalización, para tratar el caso Moreno, el de Nadine Heredia, y el de Defensa para investigar presuntas irregularidades en las compras militares y el satélite francés, denuncias de ejecuciones extrajudiciales, entre otras.

Es en este mismo sentido que se produjo la interpelación y posterior censura al ministro de Educación, en uso del control político del Parlamento, y basados en hechos concretos, como, por ejemplo, el hallazgo de dinero y autos que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera a allegados a la funcionaria de confianza que él nombró y que fue la encargada de compras de computadoras por 149 millones de soles.

Frente a esta decisión es que han salido voces de quienes desean y promueven un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, basados en especulaciones y mentiras, llegando al extremo de asegurar que se desea vacar al mandatario de la nación. La reflexión que debemos hacernos todos es: ¿A quiénes les conviene que no se trabaje de manera coordinada y en beneficio del país? ¿Quién sale ganando en esta presunta pelea entre estos dos poderes del Estado? ¿A quién le interesa atemorizar o generar inestabilidad en el país?

Como titular del Congreso estimo que en este nuevo año las relaciones con el Ejecutivo deben mantener su nivel de cooperación y entendimiento, en especial en estas circunstancias en que el país está en los ojos del mundo por las denuncias de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que involucran a tres gobiernos diferentes y a sus principales funcionarios, entre ellos algunos ministros de Estado.

Es el caso más grave de corrupción en las últimas décadas que pone a prueba a los tres poderes del Estado. Al Legislativo, para continuar una investigación seria, profunda, profesional y responsable. En el caso de la comisión investigadora, el Congreso le dará todo el apoyo que sea necesario para que cumpla con su labor, pero también exigiremos que los resultados se entreguen en el plazo establecido.

Al Ejecutivo, para colaborar con las pesquisas a nivel fiscal y congresal, entregando toda la información administrativa que se solicite y además, instruyendo a la procuraduría a que participe diligentemente en la defensa de los intereses del Estado. Y, finalmente, al sistema judicial, jueces, fiscales y policía, que deberán poner todos sus esfuerzos para determinar con oportunidad a los responsables de esta corrupción.

Los peruanos debemos recordar que tenemos enemigos comunes a quienes debemos enfrentar y derrotar lo antes posible, entre ellos, la creciente inseguridad ciudadana, la desaceleración económica y la corrupción en el aparato estatal. En el Congreso tenemos la intención, la voluntad y la decisión de continuar en la misma línea que trazamos al inicio de la gestión. Solo esperamos que el trabajo conjunto nos ayude a derrotar a esos y otros enemigos de nuestra paz y estabilidad.