#HablaCongreso, por Moisés Rojas

Hace algunos días se ha iniciado la campaña #HablaCastañeda para interpelar al alcalde de Lima. Según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, el proceso comienza con la presentación del pliego de preguntas dirigidas a la autoridad metropolitana, las mismas que deben ser aprobadas por la ONPE. Luego los promotores deberán presentar la firma de 25 mil adherentes. Una vez logrado ese objetivo, el alcalde Castañeda tiene hasta 60 días para responder cada uno de los cuestionamientos. Se estima que en marzo del 2017 lograrán reunir la cantidad de firmas necesarias. Haciendo cálculos, podríamos enterarnos de algunos temas del gasto público de la Municipalidad de Lima recién a mediados del siguiente año. 

Esta campaña provoca dos reacciones opuestas. Por un lado, genera una gran satisfacción la respuesta en los jóvenes, pues desde el primer día han comenzado a llenar planillones de respaldo a esta iniciativa. Los promotores podrían movilizar la ciudad, poniendo en agenda los temas de importancia para la capital. Pero, por otro lado, genera una gran insatisfacción que se tengan que juntar 25 mil firmas para que una autoridad responda qué hace con el dinero de todos los limeños. ¿Acaso tenemos que acreditar tanta cantidad de firmas cada vez que necesitemos saber cómo se gasta el presupuesto público? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo e invertir tantos recursos para que la autoridad cumpla con su deber? 

Lamentablemente esta campaña también expresa que han fracasado la Ley Orgánica de Municipalidades y los mecanismos estatales para resguardar la transparencia en la gestión municipal. La mencionada ley señala que los regidores tienen como rol fiscalizar el desempeño del alcalde y sus funcionarios. El problema es que no les otorga instrumentos para desarrollar adecuadamente esa tarea: no obliga a que la administración municipal atienda pedidos de información, no define plazos para las respuestas, ni plantea sanciones si es que estos no se atienden. 

La Ley Orgánica de Elecciones, por su parte, le da al ganador de una alcaldía la mayoría simple en el concejo municipal. Significa que así se junten todos los regidores de oposición, igualmente los oficialistas desestimarán cuantas veces deseen las solicitudes que no les convenga responder. La cruda realidad es que existe una mínima capacidad de generar contrapesos que hagan posible la fiscalización de las administraciones municipales. Esto quiere decir que el problema de la casi nula transparencia en la gestión de Lima se resuelve de raíz con cambios al marco legal que regula el funcionamiento de los gobiernos municipales. Además, esta solución serviría para todos los casos graves de transparencia en el ámbito nacional. 

Si bien a mediados del siguiente año podemos lograr que alcalde Castañeda responda a las 108 preguntas del pliego interpelatorio, seguramente para entonces tendremos otro ciento de nuevas preguntas que la gestión no querrá responder. Para no tener que juntar 25 mil firmas cada vez que necesitemos una respuesta del alcalde, el Congreso de la República debe modificar las leyes para promover y garantizar la trasparencia en el manejo de los recursos públicos. La actual coyuntura de Lima pide a gritos una reforma municipal y esta se encuentra en el terreno del Legislativo: #HablaCongreso.