¿Internacionalizando la Amazonía?

PARA SUSCRIPTORES: Cusco, una ciudad que respira turismo: ¿Cómo impactó la cuarentena y qué se espera de su reactivación?

El Acuerdo de Escazú estipula que los países firmantes se comprometen a cumplir con una serie de mecanismos de transparencia de información, de consulta, de procesos de decisión, de protección a los defensores ambientales y de resolución de conflictos relacionados a proyectos que puedan afectar el ambiente.

¿De qué manera el Acuerdo de Escazú puede atentar contra la soberanía nacional y, en particular, con nuestra Amazonía? Para empezar, este es un acuerdo regional latinoamericano, que ha sido firmado por 22 naciones democráticas (incluyendo las amazónicas) y ratificado hasta el momento por nueve de ellas. El acuerdo establece claramente que las decisiones son asuntos de cada país, dentro de su propio marco normativo. También estipula que en casos en los que el conflicto sea entre estados, estos –y solo bajo acuerdo bilateral– pueden someterse a arbitraje de la Corte Internacional de La Haya, como instancia internacional. Esa corte no tiene jurisdicción para asuntos internos de un país, como pueden ser aquellos entre privados, comunidades y el Estado. La resolución de controversias dentro de un país es otro cantar, y solo después de agotarse los mecanismos de justicia nacionales pueden ser resueltos acudiendo a instancias internacionales, que nada tienen que ver con el acuerdo de Escazú.

Existe un temor de que dicho acuerdo vaya a obstaculizar proyectos de desarrollo importantes para el país o para algún grupo de interés. Y se argumenta que esto es particularmente importante en tiempos en que necesitamos con urgencia una reactivación económica. Y es cierto, necesitamos proyectos de desarrollo, pero aquellos que sean sostenibles económica, social y ambientalmente. De otra forma tendremos más Tía Marías, Congas y otros proyectos extractivos varados en medio de conflictos sin solución a la vista. Lo que se espera, en cambio, es que el Acuerdo de Escazú tenga la llave para resolver estas situaciones en todo el país, en la costa, los Andes y la Amazonía.

El Perú ha jugado un rol muy importante en la gestación de este acuerdo desde la conferencia de las Naciones Unidas de Río+20 en el año 2012. Nuestra cancillería –durante tres gobiernos– ha impulsado la visión y estructura de este acuerdo, como fue expresada en la Declaración de Lima. Es más, el Perú ocupó la vicepresidencia de la mesa directiva del comité de negociación y firmó el acuerdo en setiembre del 2018, en la sede de las Naciones Unidas. En agosto del 2019, el presidente Martín Vizcarra y su canciller enviaron el proyecto de resolución legislativa al entonces presidente del Congreso, para su aprobación. ¿Cómo puede ser que, de repente, el referido acuerdo es tildado por algunos de entreguista, de que cede el 53% del país a las ONG ambientalistas extranjeras, y como denuncia a primera página un diario nacional, “nos quieren robar la Amazonia”? Muy extraño.

El populismo y el nacionalismo en la política son dos caras de la misma moneda. Ejemplos penosos de ello forman parte de nuestra historia reciente, y hoy lo estamos viendo en Brasil. Queremos proyectos de desarrollo que puedan avanzar, que sean rentables y que tengan mecanismos de participación, de defensa de los derechos ciudadanos, y con una visión de largo plazo, tal como lo recomiendan los estudios de la OCDE, a la que nuestro país quiere acceder. “Visión” es una palabra clave para el bicentenario. Tengamos los ojos bien abiertos a las oportunidades que este acuerdo nos puede dar.