En medio de las elecciones, nos hemos dejado envolver por propuestas de todo tipo. Pero al analizarlas, caemos en cuenta de que la democracia, por sí sola, no es suficiente si no la ejercen ciudadanos informados. Esta requiere, además, de instituciones que funcionen y rindan cuentas, así como de gobiernos que sepan tomar decisiones basadas en evidencia, en aquello que funciona y no en lo que conviene políticamente. Es en ese contexto que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) es la infraestructura invisible que puede hacer posible todo esto.
Gobernar sin datos es como andar a ciegas, poniendo en riesgo el bienestar de los ciudadanos. Aceptar propuestas que no se soportan en datos o, peor aún, que se traduzcan en acciones, es como tirar una moneda al aire.
La toma de decisiones basada en evidencia rigurosa marca la diferencia entre un Estado que aprende y uno que repite sus errores. Y aquí nos encontramos nuevamente, en medio de la desinformación como parte del problema democrático. Cuando la ciudadanía no tiene acceso a conocimiento confiable, el espacio lo ocupa la desinformación.
Por ello se hace prioritario invertir en CTI. No es un cliché, es una necesidad. Al 2024, el Perú invirtió el 0,19% del PBI en Investigación y Desarrollo, lejos del promedio de América Latina que alcanza el 0,56%, y más lejos aún de Brasil, país que más invierte en I+D en Latinoamérica: 1,15% del PBI.
Asimismo, en el 2024, el Perú ocupó el puesto 80, según el ránking del Índice de Innovación Global, puesto bastante distante de Chile, país que encabeza la lista de los países de América Latina y que ocupa el puesto 50 a nivel mundial. Estos datos no son casualidad. Los países que más invierten en conocimiento tienden a tener instituciones más transparentes, ciudadanos más críticos y gobiernos que ejercen mejor su función.
Sin dudas, el ejercicio de la democracia demanda ciudadanos capaces de participar del debate público con criterios racionales y acceso a información verificable. Si esto lo llevamos al ámbito de la CTI, es preocupante que, como país, aún nos mantengamos en índices de analfabetismo científico. Según la I Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, el 42,8% de la población encuestada está poco interesada en temas relacionados con ciencia y tecnología y el 43,7% muestra poco interés en la política.
Este escenario genera gran vulnerabilidad, especialmente en contextos electorales, en la que la desinformación es el mayor capital de manipulación política. La ausencia de cultura científica hace que la ciudadanía sea más vulnerable frente a narrativas populistas sin uso de evidencia que soporte sus propuestas y promesas.
Por eso es indispensable que, como sociedad, exijamos inversión en educación científica, en divulgación responsable y de calidad; que no haya un divorcio entre ciencia, tecnología e innovación con la sociedad, revalorando la apropiación social del conocimiento.
Finalmente, el Perú tiene la tarea de articular una verdadera triple hélice, con tres actores estrechamente interconectados. La academia debe investigar sin perder de vista las necesidades del mercado, con una oferta formativa y de conocimiento que responda a las demandas reales de la sociedad y la economía. Las empresas, por su parte, deben innovar para atender problemas públicos y generar soluciones con impacto. Y el Estado debe cumplir un rol articulador entre ambos, de modo que la CTI se traduzca en políticas públicas efectivas y en tecnologías útiles capaces de resolver desafíos concretos, más allá del valor abstracto de innovar por innovar.
Imaginemos un Perú donde el 1% del PBI se destina a investigación, donde las universidades públicas compiten por fondos vinculados a problemas nacionales concretos, donde una empresa colabora con el sector público para desarrollar tecnología propia, y donde el ciudadano puede evidenciar en tiempo real cada sol del presupuesto público. Ese país no es una utopía, es la dirección que han tomado países como Chile o Uruguay con decisiones sostenidas en el tiempo. La pregunta no es si el Perú puede llegar ahí, la pregunta es si tenemos la voluntad política de empezar hoy.
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