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Una mina de oro sin explotar, por Gilberto Moncada

“Una mejora sustantiva en la calidad de la gestión pública depende más que nunca de la disponibilidad y uso intensivo de datos”.

Gilberto Moncada Ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática

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“Se necesitará que el organismo rector del sistema estadístico nacional, el INEI, tenga mandato, recursos y jerarquía para impulsar este proceso de cambio con enfoque sistémico e interoperable”. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa)

Imaginemos que todos los datos de todos los registros de los que disponen las instituciones públicas están organizados y sistematizados, y que además son de amplio acceso para producir estadísticas e indicadores. Ello no solo permitiría conocer mejor las actividades que realiza el Estado, sino que también ayudaría a mejorar la propia gestión pública al sustentar decisiones basadas en evidencia. Además, favorecería la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, este enorme volumen de datos, que constituye una mina de oro para generar información y conocimiento, actualmente no se explota de modo apropiado.

En general, el foco de la producción estadística oficial hoy se basa principalmente en datos recopilados de personas, hogares y establecimientos económicos a través de censos y encuestas por muestreo, y en menor medida de registros administrativos –documentos que contienen datos sobre hechos y actividades que administran las entidades públicas como parte de su función– como fuente primaria. Esto implica un desafío para satisfacer la cada vez mayor demanda de información. Por ejemplo, los datos de los censos y encuestas son insuficientes para medir el avance en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, o para conocer características específicas de actividades sociales, económicas, medioambientales, de seguridad y justicia, convivencia ciudadana, etc.

La fórmula técnica para utilizar los datos de los registros administrativos en la producción estadística consiste en transformarlos en registros estadísticos, a partir de los cuales se pueden derivar indicadores. Para ello es necesario disponer de marcos conceptuales, codificaciones comunes, nomenclaturas y definiciones estandarizadas según sector y tema, y el uso intensivo de la tecnología de la información. Por ejemplo, la creación de un registro estadístico de población requeriría al menos la organización, sistematización y consistencia de los datos de los registros administrativos de identidad, nacimientos, defunciones, migración y residencia.

La producción de estadísticas basadas en registros tiene muchas ventajas. Entre ellas, un menor costo de producción (los registros administrativos ya están disponibles en las instituciones) y una mejora en la calidad de la información (coberturas completas de los objetos bajo estudio, oportunidad, coherencia, precisión). Siguiendo el ejemplo anterior, el costo promedio por persona de los censos de población del 2010 en los países de Europa, Asia Central y América del Norte fue de US$5,84, donde se usó el método tradicional (puerta a puerta); de US$0,24, donde se basó en registros de población; y de US$3,94, usando una combinación de ambos métodos, según un estudio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

Por su parte, por tomar otro ejemplo, un sistema integrado de información basado en registros de seguridad y justicia permitiría conocer la carga procesal y su administración con mayor precisión por región y tipo; tener indicadores que midan la brecha de los servicios, la trazabilidad de los casos, así como la productividad del sistema. Actualmente no existe un registro estadístico poblacional integrado, y tampoco un sistema de información de seguridad y justicia integrado, a pesar de tener los insumos para ello.

Pasar de un modo de producción de estadística oficial basado esencialmente en censos y encuestas por muestreo a otro donde se intensifique el uso de datos de registros enfrentará varios retos. Ello implicará cambios normativos y legales que faciliten el acceso a los datos de los registros administrativos, así como probablemente redefinir los esquemas de coordinación técnica, organización, roles y responsabilidades del ecosistema estadístico nacional. Eventualmente, requerirá profundizar la descentralización de la gestión estadística.

En particular, se necesitará que el organismo rector del sistema estadístico nacional, el INEI, tenga mandato, recursos y jerarquía para impulsar este proceso de cambio con enfoque sistémico e interoperable, alineando la oferta a la demanda de datos y garantizando la confidencialidad de estos. De hecho, el INEI ya está realizando esfuerzos iniciales, adquiriendo e introduciendo los elementos para generar estadísticas basadas en registros, pero necesita respaldo político e institucional para ello.

Sin duda alguna, el futuro de la producción estadística oficial descansará sustancialmente en el uso de datos de registros administrativos como fuente primaria. De otra parte, una mejora sustantiva en la calidad de la gestión pública depende más que nunca de la disponibilidad y uso intensivo de datos. Como es ampliamente aceptado, los datos constituyen el nuevo combustible de la transformación.

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