El presidente anunció que buscará titular todos los terrenos urbanos ocupados irregularmente hasta el año 2014. Esto tiene dos nefastas consecuencias inmediatas. Por un lado, se confirma una vez más que la política real de vivienda popular estatal de los últimos 70 años consiste en permitir la ocupación informal/ilegal de tierras y luego titularlas y proveerlas de infraestructura y servicios básicos. Por otro lado, esta constatación valida las promesas que hacen los traficantes de tierra a sus clientes: que el terreno eventualmente tendrá título y servicios y, por tanto, vale más de lo que parece. Hoy los traficantes pueden vender ‘sus’ terrenos a un mayor precio.
Este incremento especulativo del precio de las tierras, que incorpora la expectativa de formalización gratuita, distorsiona todo el mercado de nuevo suelo urbano: con suelo más caro, los proyectos de vivienda social resultan inviables, ya que los bonos existentes no alcanzan para financiar el costo del terreno y la construcción de viviendas. Asimismo, los lotes formales, que sí cuentan con título, infraestructura y servicios desde un inicio, se encarecen y se vuelven menos accesibles. Es por ello que el 90% de la expansión urbana en los últimos 20 años es informal, como muestra un estudio reciente de Grade.
Así, esta política que parece sensible y orientada a los más pobres, en realidad beneficia a los traficantes. Las familias pagan más de lo que deberían por un lote sin ninguna habilitación y tienen que esperar, en promedio, 14 años para recibir los servicios básicos ‘gratuitos’ del Estado, viviendo todo ese tiempo en condiciones de precariedad absoluta, y creando ciudades caóticas y desordenadas. Más aun, esta “política” prácticamente elimina la opción de acceder a viviendas sociales, para no hablar de los enormes costos adicionales en que debe incurrir el Estado para habilitar áreas que ya están ocupadas.
Una política de vivienda realmente sensible no consiste en titular suelo urbano precario, sino en generar alternativas de acceso a vivienda digna, o al menos a lotes adecuadamente habilitados, para que las familias no tengan en los traficantes su única opción. Generar esta oferta y hacerla accesible no es imposible. Los recursos que ya invierten las familias en terrenos y vivienda, sumados al enorme gasto que realiza el Estado para sanear las ocupaciones informales, son base suficiente para cambiar radicalmente la manera en la que crecen nuestras ciudades. Eso sí, el cambio de paradigma requiere más trabajo y creatividad que la política actual de dejar hacer y luego subsanar.
Solo cuando las familias de bajos ingresos tengan opciones más atractivas que ocupar terrenos ilegales, tendrá sentido proceder con la regularización del suelo ocupado informalmente. Es tiempo de empezar a romper el círculo vicioso que crea la política actual, no de reforzarlo.
Europa
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