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Salida de emergencia, por Marcos Gómez

“La VIII Cumbre de las Américas debe adoptar medidas regionales reales para la protección de los migrantes venezolanos”.

Marcos Gómez Director de Amnistía Internacional Venezuela

Venezuela

“La comunidad internacional no puede seguir ignorando la terrible crisis de derechos humanos a la salud y alimentación para millones de personas que se ven obligadas a huir del país”. (Ilustración: Giovanni Tazza)

Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos, con violaciones masivas a derechos fundamentales, incluido el de la salud, debido a la falta de medicamentos esenciales, tratamientos médicos, sistemas de diagnóstico y deterioro de la infraestructura hospitalaria.

La dramática situación de escasez y desabastecimiento está obligando a cientos de miles de personas a migrar a otros países de la región en números nunca antes vistos. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, en los últimos meses más de un millón de personas han huido de Venezuela.

Información recabada por Amnistía Internacional da cuenta de que las principales causas por las cuales estarían abandonando el país son la falta de alimentos, empleo y el grave deterioro en su salud por falta de acceso a medicamentos esenciales.

Las organizaciones locales de derechos humanos afirman que Venezuela padece un déficit de suministro de medicamentos del 80% o 90%; la mitad de los hospitales no está en funcionamiento y el personal médico de los centros públicos, que proporcionan el 90% de los servicios de salud, se ha reducido en un 50%.

El “éxodo” de mujeres gestantes es dramático: buscan atención sanitaria en Colombia y otros países de la región por el temor que enfrentan de morir durante el trabajo de parto o de tener complicaciones en el embarazo con el resultado de un aborto espontáneo.

Kelly Rincón Palmar, embarazada de 19 años, cruzó a Colombia una semana antes de su fecha prevista para dar a luz, debido a que en Venezuela no pudo encontrar antibiótico para la fuerte infección urinaria que tenía. Un día después de atravesar la frontera, tuvo que ingresar de emergencia en el Hospital Nuevo San José de Maicao donde fue tratada de urgencia durante 5 días.

Karen Rodríguez, de 31 años, embarazada de 9 meses, dice que “los médicos en Venezuela tienen que ‘trabajar con las uñas’”, y que su embarazo se debe a que compró pastillas anticonceptivas caducas en una farmacia en Venezuela.

Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana reportaron que solo el 27% de las embarazadas viviendo con VIH acceden a antirretrovirales para reducir el riesgo de la transmisión infantil, además de que existe escasez en fórmulas lácteas para bebes de madres viviendo con VIH y métodos anticonceptivos.

La negación de las autoridades de Venezuela a reconocer la grave crisis de derechos humanos del país pone en tela de juicio la voluntad del Estado de cumplir con su responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas de acceso a los derechos a la salud y alimentación por parte de la población y sin ningún tipo de discriminación.

Frente a este contexto, la VIII Cumbre de las Américas debe adoptar medidas regionales reales para la protección de los migrantes venezolanos y para que las agencias de las Naciones Unidas cuenten con los recursos para actuar en apoyo de las personas que sufren.

La comunidad internacional no puede seguir ignorando la terrible crisis de derechos humanos a la salud y alimentación para millones de personas que se ven obligadas a huir del país. No puede ser que el único organismo internacional que cree en las cifras falsas de negación de la crisis del gobierno sea el propio Fondo Global que debe apoyar a mitigar esta grave crisis.

Es urgente que, frente a estas evidencias, el Gobierno de Venezuela y la comunidad internacional activen inmediatamente un mecanismo de cooperación internacional compartido y coordinado para mitigar la crisis de los derechos humanos a la salud y alimentación en Venezuela.

*En la plataforma virtual www.amnistiaonline.org/SalidadeEmergencia se registran casos de personas de Venezuela que buscan protección en otros países de las Américas, entre las que figuran mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas que han salido del país en busca de atención esencial para la salud.

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