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Agentes comunitarios
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En muchas comunidades rurales y urbanas del Perú, el acceso a servicios de salud continúa siendo limitado. En este contexto, ha emergido una figura fundamental para cerrar brechas y transformar vidas: el agente comunitario de salud. Reconocido o elegido por su propia comunidad, este actor se ha consolidado como un recurso esencial para mejorar la salud familiar, especialmente la de madres, niñas y niños.
La evidencia internacional respalda ampliamente su efectividad. Diversos estudios y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan la diversidad de funciones que pueden desempeñar: visitas domiciliarias, primeros auxilios, promoción de prácticas saludables, tratamiento de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, acompañamiento en salud mental, recolección de información y, sobre todo, el rol de puente entre el hogar y los servicios de salud. En mi experiencia en Centroamérica y el Caribe, los agentes comunitarios también han demostrado ser efectivos en el control vectorial del Zika, vigilando huevos de mosquito mediante ovitrampas. En contextos con recursos limitados, su participación amplía el alcance del sistema sanitario y fortalece la confianza de la población.
En el Perú, esta evidencia ha sido recogida con acciones concretas. El Ministerio de Salud ha elaborado normas y guías técnicas para fortalecer el trabajo de los agentes comunitarios. Experiencias como el proyecto Mamas del Río en la Amazonía peruana han demostrado mejoras significativas en las prácticas de salud materna e infantil. Durante la pandemia del COVID-19, su rol fue decisivo: a través de plataformas virtuales, teléfonos móviles y materiales educativos, brindaron acompañamiento a distancia a familias en duelo o en riesgo emocional, y mantuvieron activa la vigilancia comunitaria en salud.
Uno de los ámbitos donde su impacto ha sido particularmente visible es la lucha contra la anemia infantil. El Programa Mundial de Alimentos (WFP) desarrolló una metodología de gestión territorial que fortalece el rol de los agentes comunitarios como líderes locales en la promoción de prácticas saludables, el consumo de alimentos nutritivos y suplementos de hierro, así como el seguimiento del tratamiento.
Esta estrategia se ha implementado en alianza con organizaciones como Antamina, FOSPIBAY, Repsol y, más recientemente, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Ventanilla. En todos estos proyectos piloto se registraron reducciones significativas en la prevalencia de anemia, con descensos de entre 10 y 30 puntos porcentuales. En Ventanilla, por ejemplo, se logró una disminución de 6 puntos en tan solo un año.
Un caso emblemático es el proyecto desarrollado por el WFP en la región Áncash en alianza con Antamina. Entre el 2019 y el 2021, el trabajo de los agentes comunitarios contribuyó a reducir la anemia en niños menores de tres años del 48,2 % al 41,2 %. Una evaluación experimental con asignación aleatoria demostró que seis visitas domiciliarias pueden reducir la anemia en más de 10 puntos porcentuales, al mejorar la adherencia al tratamiento y las prácticas de cuidado en el hogar.
Estas y otras experiencias fueron sistematizadas por el WFP, UNICEF y el MIDIS, y sirvieron como base para el diseño de la Meta 4 del Programa de Incentivos Municipales del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde el 2019, esta iniciativa financia visitas domiciliarias de agentes comunitarios en más de 700 distritos priorizados. Como resultado, tras cuatro años de estancamiento en la prevalencia de anemia infantil (43,5 %), entre el 2019 y el 2021 se logró una reducción cercana a cinco puntos porcentuales, alcanzando el 38,8 %. Una evaluación de impacto realizada por Guerrero (2020) confirmó que seis visitas domiciliarias lograron reducir la anemia en tres puntos porcentuales.
Sin embargo, aún persisten desafíos importantes. Este programa no cuenta con cobertura nacional, ya que se aplica únicamente en distritos priorizados. Además, su implementación recae en los gobiernos locales, lo que limita la articulación con los servicios de salud. También se pierden oportunidades valiosas porque los agentes comunitarios no realizan seguimiento a niños entre 12 y 60 meses, ni monitorean otros indicadores clave de salud infantil, ni realizan sesiones demostrativas de alimentación o entregan suplementos. A ello se suma que la información recolectada no se integra en los sistemas de información del sector salud, lo que impide su uso para mejorar la cobertura y calidad de los servicios.
En este contexto, el Congreso de la República discute actualmente proyectos de ley que podrían garantizar el financiamiento sostenido del trabajo de más de 35 mil agentes comunitarios en todo el país. Se trata de una decisión urgente y estratégica. Invertir en agentes comunitarios no es solo una medida técnica eficaz: es una apuesta por un sistema de salud más humano, cercano y resiliente. Son ellos y ellas quienes, desde el corazón de las comunidades, transforman la salud pública y abren camino hacia un futuro más justo y saludable.

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