El pedido de facultades

Decíamos la semana pasada que no hay ninguna emergencia económica que justifique un pedido de delegación de facultades legislativas en la materia. El Gobierno, al parecer, va a pedirlas de cualquier manera. El proyecto de ley que ha circulado en las redes contiene cinco secciones sobre temas como formalización, empleo, desregulación, producción y tributación; cinco secciones que suman 38 incisos, cada uno con tres, cuatro, cinco objetivos o más; unas 200 reformas en total. Es difícil pensar que tantas cosas estén tan mal en una economía que ha crecido 300%, en términos reales, en los últimos 30 años.

Hay algunas propuestas puntuales con las que estamos totalmente de acuerdo. Una es la derogación de la ley de topes a las tasas de interés, que ha expulsado del mercado financiero formal, según el Banco Central de Reserva, a medio millón de personas, que han terminado pagando tasas más altas todavía en el mercado informal. Otra es la reducción del número de feriados, no tanto porque los feriados aumenten los costos unitarios de las empresas (como piensan, con beneplácito, sus defensores), sino porque reducen la productividad laboral, lo cual, tarde o temprano, limita el crecimiento de los ingresos de los trabajadores.

Fuera de estas y otras propuestas puntuales, el pedido es tan amplio que no se sabe realmente qué es lo que busca el Gobierno. Pero, como dice el refrán, el que busca encuentra, y no faltarán quienes quieran ayudar a buscar. “Promover la productividad” y la “tecnificación”, como dicen los incisos 2.5(a) y 2.5(c), y “establecer incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones, beneficios y tratamientos tributarios especiales y temporales”, como dice el 2.6(a), son invitaciones al mercantilismo que tanto daño nos hizo en décadas pasadas. Eso de “temporales” es poco consuelo. Todos sabemos lo que en el Perú significa.

Más bien debería pedir el Gobierno facultades legislativas para eliminar los tratamientos especiales conocidos genéricamente como “exoneraciones tributarias”. A diferencia de muchas de las propuestas que contiene el proyecto, la eliminación de exoneraciones tributarias sí requiere de ley expresa. Sería una pena que no se la incluya en el pedido que se envíe al Congreso porque le cuestan al fisco S/24 mil millones al año, según el Marco Macroeconómico Multianual. Cada exoneración, además, es una pequeña o gran distorsión en la economía, que atrae a la inversión y el empleo hacia actividades que no son necesariamente las que más riqueza generan para el país.