Vías asesinas

Las vías son un componente esencial de las ciudades. Debieran ser espacios agradables y seguros, pero en nuestro país están manchadas de sangre. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2022 sucedieron 83.881 accidentes de tránsito, en los que fallecieron 3.312 personas, un promedio de nueve al día, y 53.544 quedaron lesionadas. Entre el 2018 y el 2019, fallecieron dos personas más en promedio por día que por hechos de inseguridad y violencia. Las principales causas de esto son la informalidad en la prestación de los servicios de transporte público, el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores. Si bien la mayor parte sucede en ciudades, no debemos dejar de prestar atención a las carreteras, donde periódicamente ocurren accidentes fatales como el del 31 de julio, en el que murieron 10 personas por la caída de un autobús.

Lamentablemente, el Congreso se ha esforzado sostenidamente en precarizar aún más esta situación. En el 2020, se aprobó por insistencia la formalización de los taxis colectivos en todo el país, con excepción de Lima Metropolitana y el Callao. Según Andina, a la fecha existen tres proyectos de ley que buscan eliminar esa exclusión. Como bien es sabido, los taxis colectivos no son solo un peligro para los usuarios y transeúntes, sino que también congestionan las vías y generan una mayor contaminación.

En el 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) creó el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, Promovilidad, con la finalidad de asistir técnicamente a las municipalidades en la gestión de la movilidad y el transporte público. En sus cuatro años de vida, ha promovido planes de movilidad urbana sostenibles (PMUS) en las ciudades de Arequipa, Huamanga, Piura y Trujillo, contando con el apoyo de la cooperación internacional. A la fecha, tres se han aprobado y ninguno se ha implementado. El caso más llamativo es el de Arequipa, donde el actual concejo provincial no ha aprobado el PMUS que quedó listo a finales del año pasado. Hace unos días, la ministra del MTC anunció la creación de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial, pero con la experiencia de Promovilidad deberíamos comprender que hay problemas de fondo que no se están pudiendo abordar desde el Gobierno Central.

Si bien el MTC es responsable de las carreteras, dentro de las ciudades, la gestión de la movilidad y el transporte público son competencias exclusivas de las municipalidades, con excepción de la metrópoli nacional, donde la gestión del transporte de personas ha sido trasladada a la ATU. Por otro lado, estos procesos son de largo plazo, por lo que demandan más de un período político para su implementación. Ello exige un importante liderazgo político y capacidad de gestión, para poder enfrentar el “statu quo” y a las organizaciones (y mafias) que vienen operando en las vías. El caso de Lima y el Callao es paradigmático, pues se pensó que creando una supraautoridad se podría avanzar más rápido en la reforma, pero la realidad nos viene demostrando lo contrario. Por ejemplo, recién a finales del año pasado se firmó el contrato para la elaboración del PMUS.

Entonces, pareciera que para enfrentar esta desgracia necesitamos, sobre todo, el decidido interés de nuestros alcaldes, quienes deben emprender y continuar las reformas que nos permitan ordenar el tránsito en nuestras ciudades, implementar sistemas de transporte público seguros, integrados, eficientes y sostenibles, y combatir a los mafiosos e informales. La precariedad de nuestra política y la no reelección de autoridades no nos ayudan, pues cada gestión se piensa solo para su período, y no existe la suficiente institucionalidad en los partidos para consensuar la continuidad de los proyectos. Ante este panorama, solo nosotros, con nuestra voz y voto, podremos presionar a quienes nos gobiernan para que actúen.

Cada persona muerta o herida en un accidente de tránsito es responsabilidad compartida con una autoridad que no hizo lo suficiente para que ello no ocurriera. Es momento de decir basta. Empecemos por presionar para la aprobación e implementación de los PMUS en las ciudades donde ya hayan sido elaborados, y por la decidida erradicación de la informalidad en nuestras calles.