¡A rendir cuentas!

El 31 de agosto, el Congreso aprobó, con el voto de 100 parlamentarios, un proyecto de ley que busca reponer a más de 14.000 docentes interinos. Este es un ejemplo que demuestra la impunidad que se vive en el Perú. En el 2014, más de 14.000 docentes interinos fueron cesados porque se negaron a tomar la evaluación que les permitiría entrar a la carrera pública magisterial o porque la desaprobaron. De hecho, de los 14.863 profesores interinos, 5.315 se inscribieron para la evaluación y solo 546 ingresaron a la carrera pública; 4.769 no aprobaron la evaluación o se negaron a rendir el examen.

¿Quiénes son los docentes interinos? En 1984, la Ley del Profesorado autorizó a docentes sin título pedagógico a trabajar en las aulas debido a la falta de maestros. Y es recién con la Ley de la Carrera Pública Magisterial que se exige como requisito un título pedagógico y presentarse al concurso público. Pero la mayoría se negó.

La carrera pública magisterial busca generar condiciones básicas de calidad en los maestros para que mejore la educación de nuestros niños. Un maestro que no puede resolver problemas matemáticos y que no tiene aptitudes pedagógicas mínimas no puede enseñar. Es inaceptable que solo 19 de cada 100 chicos en segundo de secundaria entiendan lo que leen y que solo el 12% pueda resolver problemas matemáticos.

Ningún país ha logrado llegar al desarrollo sin priorizar la educación. De hecho, hoy los pronósticos sobre Latinoamérica son negativos. Llegando incluso a considerar que estamos sufriendo una “enfermedad de bajo crecimiento” afectados por la desaceleración económica de China y al no haber puesto énfasis en diversificar las exportaciones e industrializarnos. La forma de retomar el crecimiento y revertir la situación pasa necesariamente por invertir en educación de calidad, tecnología e innovación. ¿Pero cómo hacerlo si la educación ni siquiera está en el debate nacional?

Nos hemos desentendido de la política y, por ello, les hemos dejado el espacio a los peores. Esos que hoy consideramos que no nos representan, pero a quienes nosotros llevamos al poder. Donde existe una real democracia, los ciudadanos se hacen escuchar, sea a través de protestas legítimas o porque participan haciéndoles saber a las autoridades, por un lado, cuáles son sus intereses y, por el otro, qué no están dispuestos a aceptar.

El Estado Peruano es lo que Acemoglu y Robinson definen como un “leviatán de papel”; es decir, un Estado que aparenta ser moderno y eficaz, pero que en realidad no logra establecer un Estado de derecho, mantener el control de la violencia, brindar servicios de calidad ni desarrollar infraestructura. El Perú tiene un Estado ausente. O, dicho en otras palabras, en el Perú no existe Estado. La clase política y las instituciones han sido capturadas por intereses personales, y las prebendas y el mercantilismo están arraigados en el país. La irresponsabilidad es tal que, en una entrevista, la congresista Patricia Chirinos sostuvo que había votado a favor porque la congresista Rosselli Amuruz se lo había pedido a la bancada. Pero que habían “pedido la reconsideración de la aprobación del proyecto de ley, para poder tener tiempo de revisarlo y votar a conciencia”. Y me pregunto, ¿esto es lo que sucede con todos los proyectos de ley? ¿Es que son tan caraduras que simplemente nadie revisa lo que está votando? Parece ser que solo cuando el tema salta a las primeras planas es cuando se dan cuenta de lo que han hecho. Déjenme contarles quiénes, desde la seudoderecha, votaron a favor. De Fuerza Popular, nueve congresistas votaron a favor, incluido Nano Guerra García; de Renovación Popular, fueron ocho, incluidos Gladys Echaíz, José Cueto y Jorge Montoya; de Avanza País fueron siete, entre ellos, además de Chirinos y Amuruz, José Williams y Norma Yarrow; y de los no agrupados fueron 11, incluida la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva.

Una sociedad civil vigorosa es la única fuerza que puede mantener al Estado a raya. Sin una sociedad civil activa, el Estado puede convertirse en un régimen opresor que responda solo a los intereses privados de una élite. Quedarse callados no es una opción.