Corrupción desde adentro (2)

El 25 de diciembre del 2024, Nilo Burga Malca fue encontrado sin vida en el cuarto de un hostal en Magdalena del Mar. Burga era el presidente de Frigoinca, empresa proveedora del programa Qali Warma, y estaba inmerso en una investigación por corrupción ligada al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Una investigación periodística reveló que 23 estudiantes de la IES Gamaliel Churata, en Puno, sufrieron una grave intoxicación tras consumir conservas de pollo de la marca Don Simón, producidas por Frigoinca. Al iniciarse la investigación fiscal, la empresa habría sobornado, a través de su encargada de ventas, a un funcionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno para sustituir las muestras que debían analizarse y direccionar el proceso de contratación del laboratorio encargado de evaluarlas. Como resultado, el informe de la Diresa concluyó que la intoxicación había sido causada por agua contaminada del colegio y no por las conservas, lo que eximía de responsabilidad a Frigoinca.

Al día siguiente de hallado el cuerpo, el entonces ministro Juan José Santiváñez sostuvo que la muerte de Burga se produjo por una autolesión. ¿Por qué se descartó con tanta rapidez el asesinato? ¿Y por qué fue el ministro el encargado de difundir la versión del suicidio? La pregunta cobra relevancia si recordamos que Santiváñez, al igual que Julio Demartini y Fredy Hinojosa, todos alcanzados por las repercusiones del caso, formaban parte del círculo político más cercano a Dina Boluarte.

Meses después, el peritaje forense concluyó en un asesinato, ya que las heridas no podrían haber sido autoinfligidas. Hasta este momento, la muerte de Burga no ha sido esclarecida, pero el hermano de César Acuña, Óscar Acuña Peralta, está incluido en la investigación preparatoria por delito de tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, Óscar Acuña habría usado sus influencias para ayudar a Burga a flexibilizar los controles sanitarios en La Libertad.

José Miguel Castro –ex gerente municipal de la gestión de Susana Villarán y principal testigo en el proceso por los aportes irregulares de Odebrecht y OAS para las campañas de revocatoria y la reelección de Villarán– fue encontrado muerto el 29 de junio del 2025 en el baño de su casa en Miraflores. Castro tenía un corte en el cuello de 27 centímetros. Para la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, se trató de un caso de autoeliminación. Sin embargo, para los peritos de medicina legal, un corte de esas características no corresponde a un suicidio y, por tanto, se debía investigar como homicidio. ¿Quién podía querer silenciar a Castro? ¿Y quién estaría interesado en tapar el crimen?

La corrupción ha dejado de ser una suma de hechos aislados para convertirse en un sistema que lo erosiona todo: funcionarios dispuestos a quebrantar las reglas a cambio de dinero y actores privados decididos a comprar privilegios sin importar el daño que causan a la sociedad. Pero en los últimos años hemos cruzado una frontera. Ya no se trata solo de sobornos, tráfico de influencias o impunidad. Las muertes de Nilo Burga y José Miguel Castro son apenas dos casos vinculados a entornos de corrupción y poder político que deberían obligarnos a cuestionar la capacidad del Estado para garantizar investigaciones imparciales y acceso a la justicia. Cuando la corrupción alcanza ese nivel, deja de ser únicamente un problema institucional y se convierte en una amenaza para la democracia y el Estado de derecho. Entonces, escenarios como el de México dejan de parecer tan lejanos.