¿Corrupción disfrazada de filantropía?

Sacar adelante un proyecto en el Perú es un reto enorme. La cantidad de requisitos que hay que cumplir para obtener las autorizaciones y las demoras de las instituciones por las que hay que pasar elevan los costos del proyecto. Pero un costo escondido y pocas veces transparentado lo generan las redes de corrupción enquistadas en las municipalidades y gobiernos regionales.

Y es que, como sabemos, la política se ha convertido en un negocio bastante rentable en nuestro país. Estas redes de corrupción han sido articuladas de tal manera que desde el alcalde hasta el último funcionario que forma parte de la organización se vea beneficiado económicamente. Pero no se trata solo de los funcionarios podridos. Porque, para que ellos existan, se necesita una contraparte. Esto es, alguien que desde el sector privado acepta sobornar para impulsar un proyecto. Pero que quede claro que ese empresario no es una víctima de la corrupción, es tan responsable como el funcionario podrido y cómplice de la degradación de las instituciones en el país. Estas redes de corrupción no se han formado por generación espontánea. Son años de una práctica generalizada que hoy se han convertido en una institución.

La corrupción no solo afecta a la empresa que cae en la red, a sus inversionistas, colaboradores y clientes. Afecta a las otras empresas que operan en el mismo sector, porque al pagar una coima está comprando un privilegio: un ‘fast track’ para que los proyectos salgan más rápido, para evitarse trámites o para poder hacer algo prohibido. Mientras que la empresa cuyos ejecutivos son íntegros y no están dispuestos a corromper, verán sus proyectos detenidos.

Pero, además, la corrupción genera un impacto devastador, pues degrada las instituciones y erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado y en las empresas. La percepción de impunidad alimenta el fastidio social: los ciudadanos dejan de creer en la justicia y en la transparencia, lo que debilita el tejido social y fomenta la apatía democrática. La corrupción no solo distorsiona la economía, sino que también corroe la cohesión social, generando un círculo vicioso de desconfianza y degradación.

En un país donde la filantropía es casi inexistente, una empresa inmobiliaria dona S/980.774 a la municipalidad de Miraflores, distrito donde está desarrollando ocho proyectos inmobiliarios. ¿Cuál es el propósito y cómo se negoció esa donación? ¿Qué ha recibido la empresa a cambio? Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de cuestionar a quienes sabemos que, para desarrollar proyectos, pagan coimas. El problema es que son demasiadas las empresas que han incluido en sus costos de operación las coimas para ‘facilitar’ las aprobaciones y permisos municipales. Mall Plaza Inmobiliaria, por ejemplo, hizo un aporte de 200 toneladas de roca a la municipalidad de Comas. Y, sospechosamente, fue exonerada de presentar estudios de impacto ambiental y vial en la construcción de su centro comercial.Muchas organizaciones de la sociedad civil invierten horas a la semana tratando de diseñar sistemas que logren reducir la corrupción.

Mientras el sector privado no tome la firme decisión de no corromper más y de involucrarse denunciando los intentos de extorsión, nada va a cambiar. Y no importa cuántas columnas se escriban sobre el tema, cuántos foros organicemos ni cuántas organizaciones empresariales creemos. Sin la firme decisión de los gerentes generales de las empresas, nada va a cambiar. Porque para reducir la corrupción necesitamos líderes valientes que se atrevan a enfrentarse a los corruptos.