El Perú enfrenta hoy una disyuntiva que ya ha sido resuelta por la evidencia en el mundo entero, pero que sigue siendo saboteada por el ‘dogma’ de algunos: apostar por el crecimiento económico y la libertad o persistir en ideologías desfasadas que han demostrado, una y otra vez, su incapacidad para reducir la pobreza de manera sostenible. Emulando a Adam Smith: “No puede haber una sociedad floreciente y feliz, cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”.
Nuestro país logró uno de los mayores descensos de pobreza en América Latina entre el 2000 y 2019, gracias a la estabilidad macroeconómica, la inversión privada, la apertura comercial y el respeto a las reglas básicas del mercado. No fue casualidad ni chorreo, ¡fue crecimiento! Millones de peruanos salieron de la pobreza porque hubo empleo, ingresos y oportunidades reales. Desde que ese modelo empezó a ser golpeado y saboteado por la incertidumbre política, la confrontación ideológica y el discurso antiempresa, los resultados saltan a la vista: más informalidad, menor inversión y retroceso social. Persistir en narrativas que satanizan la actividad privada, la minería, la energía o el comercio no es una postura progresista, es una irresponsabilidad social. No existe política social viable sin crecimiento, ni Estado que funcione sin una economía que genere recursos. Pretender combatir la pobreza debilitando a los sectores que financian al país es una contradicción que solo produce estancamiento.
El Perú no necesita más consignas ni experimentos ideológicos ‘importados’. Necesita orden, reglas claras, seguridad jurídica, instituciones que funcionen y un Estado que facilite, en lugar de obstaculizar y actuar como enemigo del barrio. La inversión privada –nacional y extranjera– no es el problema; es parte esencial de la solución. Gracias a ella se financian carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales. Sin inversión, todo lo demás es retórica vacía. Reducir la pobreza exige abandonar de una vez por todas las ideologías que han fracasado en el último siglo y asumir una verdad que todavía parece incómoda para algunos: la prosperidad se construye con libertad económica, crecimiento sostenido y responsabilidad fiscal. Defender estos conceptos no es defender privilegios; es defender oportunidades para millones de peruanos que quieren trabajar, progresar y vivir mejor.
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