La semana pasada, el Estado Peruano demostró, una vez más, su incapacidad para garantizar la seguridad y la libertad de los peruanos. En momentos en los que enfrentamos una emergencia nacional y estamos perdiendo el control frente al crimen organizado, ¿podemos hablar de democracia y de Estado de derecho cuando el Gobierno es incapaz de garantizar la vida de los ciudadanos; más aún, cuándo sabemos que los intereses de las economías ilegales e informales son protegidos desde el Congreso?
El martes, mineros ilegales atacaron la operación de Poderosa, asesinaron a un trabajador y dejaron herido a otro, pese a que Pataz se encuentra en estado de emergencia. En los últimos dos años, 18 trabajadores han sido asesinados y 53 han resultado heridos. ¿Cómo enfrentamos el crimen organizado si el Gobierno no puede siquiera encontrar a Vladimir Cerrón?
El jueves, cientos de transportistas convocaron a un paro, en protesta contra las extorsiones de las que están siendo víctimas y por la incapacidad del Gobierno para hacerles frente. Solo en la ciudad de Lima, en las últimas semanas han sido asesinados cuatro choferes. Esa misma noche, en represalia por el paro convocado, más de 25 vehículos fueron incendiados en Independencia. Y si bien la extorsión no es nueva en el Perú, ha escalado a niveles incontrolables y no se limita al sector transporte. Cualquier negocio, sin importar su tamaño, puede ser blanco de una banda de criminales que, además, opera impunemente en un país donde no existe, en la práctica, Estado. ¿Quién protege a las bodegas, peluquerías, restaurantes, ferreterías e incluso a los comedores populares que hoy son víctimas de extorsión?
Frente a la demanda de los transportistas, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 11 distritos de Lima y el Callao por 60 días e informó que se crearía un equipo especial de investigación de la extorsión. Al parecer, el Gobierno no se ha dado cuenta aún de que sus estados de emergencia no resuelven el gravísimo problema de la criminalidad organizada. Solo entre enero y setiembre de este año se han registrado 14.220 denuncias por extorsión.
Un crimen que rara vez está en agenda es la desaparición de niñas y mujeres. Solo entre enero y junio de este año han desaparecido más de 3.000. No se conoce su paradero ni si siguen vivas. En muchos casos, estas mujeres y niñas terminan en manos de tratantes y son explotadas sexualmente, como parte de las redes del crimen organizado. Y es que las economías ilegales no operan de manera aislada.
Para enfrentar la situación, el Gobierno ha solicitado, por un lado, al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial en crimen organizado y, por el otro, al Congreso de la República que apruebe la norma que regula el sicariato, el secuestro, la extorsión y la posesión de armas de fuego de procedencia ilegal como terrorismo urbano. El problema es que ni una fiscalía especializada ni una nueva regulación lograrán acabar con el crimen organizado. Hoy, con las leyes existentes, los criminales podrían estar presos si es que los jueces y fiscales las aplicaran. La única forma de enfrentar al crimen organizado es si el Gobierno asume el liderazgo, asignando presupuestos y exigiendo resultados. Comencemos por exigir la renuncia del ministro del Interior. Sin voluntad política y liderazgo perderemos, aún más, el control del país.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Europa
