¿Democracia o dictadura? (2)

La semana pasada, comentábamos sobre el debate referido a la caracterización del régimen político peruano: muchos analistas consideran que ya no viviríamos un régimen democrático, ante el surgimiento de un particular autoritarismo parlamentario. Este extendería su poder para comprender el Poder Ejecutivo, y además controlar instituciones claves como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo. Con ese control, legislaría de manera excluyente en favor de sus intereses corporativos e incluso judiciales, atravesados por intereses informales, siguiendo lógicas conservadoras y populistas.

Decía que, si bien las tendencias autoritarias en desarrollo son altamente preocupantes, lo que distingue a un régimen democrático de uno autoritario es la existencia de espacios institucionales con capacidad de limitar el uso arbitrario del poder. Desde este ángulo, considero que el Perú no podría ser considerado un régimen autoritario, aunque ciertamente el declive o retroceso democrático ha sido muy pronunciado en los últimos años. De allí que pueda hablarse incluso de un régimen “híbrido”. Si bien en el ámbito parlamentario se ha impuesto una paradójica mayoría que articula sectores que parecían opuestos (el mismo Congreso electo en el 2021 que veíamos dividido y polarizado en los años de Castillo pasó a funcionar con una amplia mayoría con Boluarte y ahora con Jerí), es notorio en el debate público que, por ejemplo, el sistema de justicia es un campo de disputa intenso entre distintos sectores; el Poder Judicial y el Ministerio Público son espacios de intensa conflictividad, con resultados imprevisibles, que limitan todavía, en buena medida, la consumación de una imposición autoritaria. La moraleja es que no debemos subestimar esos espacios de autonomía, que deben ser defendidos y mejorados.

Mirando el vecindario, vemos tendencias autoritarias encabezadas por presidentes fuertes, con tendencias populistas y autoritarias, pero también órdenes institucionales que resisten y ponen límites. Podría afirmarse que en Argentina el presidente Milei es claramente extremista, pero también que el Parlamento y el sistema de justicia son capaces de imponerle límites. En Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro, o en Estados Unidos, con el presidente Trump, hemos estado ante presidentes claramente autoritarios con voluntad de concentrar el poder y destruir a sus adversarios, y graves retrocesos en cuanto al ejercicio de los derechos democráticos, pero hemos tenido también un sistema de justicia capaz de doblegar la voluntad de estos mandatarios en coyunturas significativas. Por supuesto, estas líneas de defensa, bajo ataque y presión, pueden caer y marcar un cambio de régimen. Por ejemplo, considero que eso sucedió cuando Evo Morales pasó a controlar no solo nombramientos claves del sistema de justicia y de instituciones del sistema electoral para habilitar su intento de tercera reelección en las elecciones del 2019. En México, con López Obrador y Claudia Sheinbaum, hemos asistido a intentos de desmantelar la independencia de los órganos electorales y del sistema de justicia, encaminando a México a una suerte de reedición del autoritarismo del pasado, alrededor de un solo partido.

Esto nos hace ver que una última línea de defensa de un régimen democrático son las instituciones encargadas de llevar adelante los procesos electorales. Con limitaciones, estas todavía muestran un mínimo de independencia y voluntad de llevar adelante elecciones limpias y transparentes. El resultado depende de todos nosotros, los electores.