Es muy temprano poder precisar la nueva doctrina del presidente Trump hacia este hemisferio. Lo que sí podemos decir es que Estados Unidos se otorga el derecho de intervenir de cualquier manera en la región para promover lo que afirma son sus intereses económicos y estratégicos. Las nuevas interpretaciones del interés nacional dependen también de novedosas interpretaciones legales.
México se debe preocupar. La intervención militar en Venezuela ha envalentonado a Trump, como se pudo ver respecto a la postura agresiva que sostuvo contra Dinamarca y su territorio de Groenlandia. A pesar de que no terminó llegando a consecuencias mayores –como tampoco ha sido el caso con Panamá o Canadá, que también sufrieron agresiones diplomáticas– México es diferente.
El vecino sureño de Estados Unidos es el único país de la región al que Trump ha amenazado por años con ataques militares. Durante su primer gobierno, Trump le preguntó a su secretario de defensa por qué no puede Estados Unidos simplemente bombardear los carteles de droga mexicanos con misiles.
Durante su última campaña presidencial, Trump declaró que “ahora es el momento de que Estados Unidos declare la guerra a los carteles”. Después de la captura del dictador Nicolás Maduro, dijo: “Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar en tierra”. Agregó que “los carteles controlan México, es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”.
El gobierno de Trump ya no considera la lucha antinarcótica internacional como un asunto policial en el que se aplica la ley. Desde el año pasado ha designado a múltiples carteles de drogas, seis de ellos mexicanos, como organizaciones terroristas y considera que eso le da derecho a Estados Unidos de tratar con ellos como adversarios de guerra. Esa fue la justificación para la intervención militar en Venezuela.
Por lo menos en el caso venezolano existe la posibilidad no menor de un resultado positivo, uno en que el país transite hacia la democracia y el establecimiento de libertades plenas. No es así en el caso mexicano. Nada bueno puede resultar de una intervención militar de Estados Unidos en México.
En primer lugar, la acción militar contra el narcotráfico nunca ha funcionado en ningún lugar para reducir el flujo de drogas hacia países consumidores. Los carteles fácilmente ajustan su negocio a la nueva realidad. Lo que sí ha producido la militarización de la lucha antinarcótica es un incremento en la violencia y la corrupción. La tasa de homicidios en México se triplicó luego de que se declarara la guerra contra los carteles en el 2006 y todavía duplica el nivel de hace dos décadas.
Bombardear a los carteles mexicanos como lo hizo la fuerza aérea estadounidense en el caso de los laboratorios de opio en Afganistán, como proponen algunos, no funcionaría. No funcionó en Afganistán ni debilitó al talibán. México es un país tres veces el tamaño de Afganistán y produce una droga –el fentanilo– que es sumamente más difícil de detectar. Además, los carteles como los laboratorios están integrados en comunidades y centros urbanos mexicanos, por lo que atacarlos sería logísticamente complicado.
Si se trata de enviar fuerzas militares especiales a territorio mexicano, la misión se complicaría todavía más, pues existen por lo menos 160.000 narcotraficantes mexicanos bien armados. Cualquier intervención militar produciría un rechazo del pueblo mexicano y su presidente, destruyendo así las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países. Las economías de los dos países sufrirían.
Si a eso se agrega asesinatos de ciudadanos estadounidenses en México por parte de los carteles en forma de represalia, como sería de esperar, el atolladero en el que se habría metido Estados Unidos se profundizaría. Ojalá que la nueva doctrina de Trump no nos lleve por ese camino.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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