La figura del estudiante universitario contemporáneo está lejos del ideal de dedicación exclusiva a los claustros, tal como sucedía, mayormente, en el siglo pasado. Hoy, la realidad ha empujado a millones de jóvenes a ser un malabarista vital: estudia, trabaja y, en muchos casos, sostiene responsabilidades familiares. Este perfil, particularmente acentuado en zonas periféricas de nuestras ciudades, ya no es la excepción sino la norma, interpelando profundamente al modelo de desarrollo del país.
Las cifras lo confirman: según la encuestadora Bumeran, el 44,5 % de los peruanos estudia y trabaja simultáneamente. Peor aún, más de la mitad de ellos (52,8 %) lo hace en áreas ajenas a su formación, evidenciando una fractura entre la promesa académica y la realidad del mercado laboral. Con jornadas laborales que superan las 30 horas semanales para el 47 % de estos jóvenes, el desafío va más allá de la flexibilidad de horarios o modalidades universitarias; es una cuestión de supervivencia económica y de desigualdad estructural, con el acceso a la educación superior todavía limitado al 8,1 % de los jóvenes rurales frente al 24,7 % de las áreas urbanas. El drama es aún mayor cuando los jóvenes destinan de 1,5 a tres horas para trasladarse a fin de cumplir sus obligaciones.
Esta realidad de “pluriempleo” y, a menudo, de inestabilidad, culmina en una estadística alarmante: uno de cada cuatro trabajadores informales tiene estudios superiores o técnicos. La brecha entre el nivel educativo y las oportunidades laborales formales revela que el sistema actual no está logrando convertir el esfuerzo académico en movilidad social sostenible. No hay “click” entre el mundo académico y el mundo laboral.
Por esta razón, el próximo gobierno no puede limitarse a exigir a las universidades o institutos técnicos que efectúen cambios curriculares o metodológicos para estar en sintonía con la transformación digital. Si bien estas reformas son necesarias, resultan insuficientes ante la magnitud del reto. El verdadero cambio de rumbo requiere que el Estado fije como norte fundamental la autonomía económica de la juventud.
Para pasar de la supervivencia a la prosperidad, las políticas públicas deben reorientarse a alentar la generación de riqueza, tal como se hizo en Corea del Sur, Singapur, Filipinas e Indonesia. Esto implica transformar el entorno económico para que el capital y el trabajo se desarrollen en un marco de previsibilidad, formalidad y altas oportunidades, permitiendo que el conocimiento adquirido se traduzca en emprendimiento, innovación y empleos de alto valor, como Daron Acemoglu y Dani Rodrik han venido sosteniendo.
El futuro de un país no depende solo de cuántos profesionales se gradúan, sino de cuántos de ellos alcanzan la independencia económica, son capaces de generar puestos de trabajo y construir patrimonio, legal y merecidamente. Solo a través de un impulso decidido a la creación de riqueza se podrá forjar una generación con la visión de avanzada necesaria para el desarrollo sostenible. De lo contrario, seguiremos produciendo estudiantes ‘multitasking’, pero atrapados en la precariedad de la multitarea vital. Por ello, el logro de la autonomía debería ser el norte de la nueva política educativa.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Oriente Medio
