"Aunque los ministros de Economía y de Energía han garantizado que no habrá un nuevo rescate, Petro-Perú se ha beneficiado de los nuevos lotes que se le han otorgado".
La peregrinación de los ministros de Economía por los diarios comprometiéndose a no rescatar financieramente a Petro-Perú se ha vuelto costumbre. Sin embargo, cuando uno revisa sus últimos estados financieros, la empresa sigue generando pérdidas. Esto a pesar de que el Tesoro ha tenido que capitalizar su deuda y posponer el pago del resto hasta finales del 2028. Hay que recordar que ahora la empresa dice que la refinería podría operar a plena capacidad, lo que debería generar ingresos anuales por casi US$900 millones, pero no es el caso.
Aunque los ministros de Economía y de Energía –accionistas de la empresa– han garantizado que no habrá un nuevo rescate, Petro-Perú se ha beneficiado de los nuevos lotes que se le han otorgado en licitaciones dudosas y revirtiendo las que ganaron empresas privadas. También hay que notar que la empresa se ha visto beneficiada de la reducción del precio del petróleo, lo cual no se ha trasladado al consumidor y ha servido como un ingreso adicional.
No es sorpresa que, a pesar de todas estas manipulaciones contables, la empresa siga registrando pérdidas y que su situación no mejore. Las estrellas otra vez se alinean para otro megarrescate. Uno debe preguntarse si la manipulación de los contratos de los lotes o los precios de la gasolina no consisten en un rescate. Sin embargo, hay que reconocer que lo peor es dejar que la empresa siga viviendo con esa deuda de casi US$8.000 millones, porque induce a la gerencia de la empresa a endeudarse a tasas más altas y en peores condiciones que todos los contribuyentes tendremos que pagar.
La recurrencia de los rescates solo refleja el deficiente gobierno corporativo, y ni la empresa ni sus accionistas tienen interés de cambiarlo. Con la excusa de que es una empresa pública, la gerencia no tiene apuro en alinear los gastos a sus ingresos. Pero su problema es más profundo porque hoy vivimos las consecuencias de inversiones multimillonarias que han probado ser poco acertadas y la empresa tiene que cargar con ese lastre. Poco a poco nos estamos convenciendo que el Gobierno debería de subcontratar estas unidades a empresas profesionalizadas y dejar que Pero-Perú solo administre estos contratos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
"La problemática se agrava cuando las decisiones cruciales de una empresa pública, inmersa en una industria compleja y de alto riesgo, emanan directamente de la cúspide del poder político".
Cuando un gobierno corrompe el espíritu de sus propias normas, especialmente aquellas diseñadas para situaciones imprevisibles y extraordinarias, se socava la esencia misma del Estado de derecho. El uso de un decreto de urgencia (DU), como el 013-2024, para el salvataje de una empresa estatal en profunda crisis económica, financiera y de gestión representa un claro ejemplo de incumplimiento de la Constitución, pues la situación de la empresa no era excepcional ni imprevisible. Este hecho desvirtúa su propósito original, transformándolo en un instrumento para eludir los cauces regulares de la gobernanza y la fiscalización.
La situación es aún más alarmante cuando los mecanismos de control diseñados para prevenir el mal uso de los DU, como el Consejo de Ministros y el Congreso de la República, son omisos a su deber constitucional de evitar fraudes normativos. Esta inacción o connivencia de los citados órganos políticos permite que se avale una pésima gestión en la principal empresa del Estado, lo que se traduce en la dilapidación de miles de millones de dólares. Fondos que, según el artículo 44 de la Constitución, deberían destinarse a la mejora de servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.
La problemática se agrava cuando las decisiones cruciales de una empresa pública, inmersa en una industria compleja y de alto riesgo, emanan directamente de la cúspide del poder político. Esta injerencia directa no solo apaña a una burocracia empresarial que ha cooptado la compañía, sino que también incumple flagrantemente la regla fundamental que proscribe la gestión empresarial directa por parte del Estado. La intromisión política en la administración de empresas estatales, particularmente en sectores críticos, genera ineficiencia y corrupción, desviando recursos vitales de las verdaderas prioridades que establece la Constitución.
Ante estos flagrantes agravios, el Colegio de Abogados de Arequipa ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el citado DU. Esta acción refleja una profunda convicción: la democracia no se limita a ejercer el voto cada cinco años, sino que se define por lo que la ciudadanía y sus instituciones permiten que se haga con la Constitución en el período entre elecciones.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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