Cuando evaluar no basta

En un sistema de salud como el peruano, con escasos recursos y enormes brechas de oferta y acceso, priorizar intervenciones es una obligación. El problema es que decidir esto en el sector salud hoy es más complejo que nunca, porque el desarrollo de la medicina avanza más rápido que la capacidad de los sistemas para financiar nuevas tecnologías. Además, la oferta de terapias innovadoras –especialmente en cáncer y enfermedades raras– genera presión clínica, política y social; y ante la falta de reglas claras, las decisiones técnicas terminan siendo desplazadas por la presión mediática o la vía judicial.

En este contexto, las evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) cumplen un rol fundamental. Permiten evaluar la eficacia, seguridad y costo-efectividad de los medicamentos y dispositivos médicos con información científica e imparcial. La buena noticia es que el Perú ha desarrollado capacidades técnicas importantes en los últimos años para implementar las ETS; la mala es que el gran desafío ya no solo es evaluar, sino traducir esa evaluación en un acceso real.

Hoy contamos con una arquitectura institucional que antes no existía: la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa), liderada por el Instituto Nacional de Salud. Hay una mayor formalización metodológica, más talento humano especializado –aunque aún insuficiente– y esfuerzos por lograr una mayor transparencia. En teoría, ya no decidimos a ciegas; el sistema empieza a conocer qué funciona y cuánto cuesta.

Pero lo que aún está lejos de ser resuelto es qué priorizar, con qué criterios presupuestales y quién asume la conducción del proceso para que los peruanos accedan a sus medicamentos prescritos. El Perú ha invertido años en formar evaluadores y estandarizar metodologías, pero no ha invertido el mismo esfuerzo en definir cómo se conectan esas recomendaciones con las decisiones de financiamiento y cobertura.

Las consecuencias son visibles: pacientes que sufren y, en el extremo, recurren a los tribunales para acceder a los tratamientos; médicos frustrados; y decisiones técnicas desplazadas por una burocracia indecisa o por el razonamiento de los magistrados. La judicialización no es el problema, es el síntoma de un sistema que no logra articular la evaluación con el financiamiento; un sistema donde la brecha ya no es técnica, sino política, rectora y presupuestal.

La semana pasada, el Colegio Médico del Perú, Ispor Perú y Videnza Consultores organizamos un evento para reflexionar sobre el presente y el futuro de las ETS en nuestro país, y para identificar recomendaciones útiles. Allí, el ingeniero Leonardo Basso, investigador de la Universidad de Chile, compartió cómo en el 2023 Chile –empleando datos y conocimiento– fue el primer país del hemisferio sur en introducir un medicamento promisorio contra el virus respiratorio sincitial, una enfermedad que afecta a la población infantil con secuelas de muerte y un alto impacto económico en el sistema de salud.

La decisión se sustentó en una ETS que demostró no solo la eficacia clínica y el ahorro para el sistema que representaba dicho medicamento (por la reducción de hospitalizaciones y del uso de las unidades de cuidados intensivos), sino que además se fundamentó en un robusto proceso de investigación antes, durante y después de la intervención. De este modo, se demostró que la evidencia puede guiar una política pública y ordenar el gasto.

Ese es el punto central: evaluar no es el fin del proceso; es el inicio de una decisión de política pública informada y sostenible.

Para que las ETS cumplan su verdadero rol en el Perú, necesitamos una estrategia país que defina prioridades explícitas y reglas de financiamiento, así como una autoridad clara para ejercer la rectoría y garantizar la implementación.

En campaña electoral abundan las promesas de acceso universal y cobertura integral en salud. Pero, sin criterios expresos para priorizar y financiar las tecnologías sanitarias, el acceso seguirá dependiendo de un juez o, peor aún, nunca llegará. Ahora toca decidir. Y decidir, en salud, siempre implica asumir costos políticos. ¿Algún candidato presidencial tiene propuestas serias al respecto?