Esto no es casualidad

Nuestras instituciones del sistema penal no son un coro de ángeles. Desde la policía hasta el Instituto Nacional Penitenciario, pasando por el Ministerio Público y el Poder Judicial, todas tienen problemas muy serios de corrupción en su interior. Nadie tiene corona y toda persona puede ser investigada y sancionada, por más alto que sea el cargo que ocupe.

Ahora bien, lo que está ocurriendo en los últimos días con la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación es algo muy diferente y lo llamaría, sin dudarlo, una operación política para amedrentar a ambas instituciones, que encabezadas por dos mujeres son un obstáculo para las barbaridades que están haciendo en el Ejecutivo y el Congreso para favorecer la impunidad del crimen en general y de la corrupción en el poder en particular.

Todo indica que detrás de esta movida está Juan José Santiváñez, el operador político inamovible de Dina Boluarte y engreído de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre, que son las que cortan el jamón en el Congreso.

Para empezar, él directamente, lanza una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación pidiendo que la inhabiliten por 10 años en el ejercicio del cargo.

¿Es una coincidencia que este 27 de febrero quien niega que su voz sea su voz en la hiperconocida [y delictiva] conversación con su entonces íntimo amigo ‘Culebra’ haya sido citado para un peritaje del Área de Fonética y Acústica Forense del Ministerio Público?

Obvio que no va a ir, ya inventará otra leguleyada para seguir escurriéndose de la justicia, pero su repertorio tiene un límite y ahora quiere asegurarse con la cabeza de quien lo investiga.

Cómo es sabido, hay decenas de congresistas con denuncias constitucionales de la fiscalía, obviamente todas congeladas, y muchos más cargan con investigaciones penales de antes de ser elegidos. La “base social” para que voten a favor de la acusación de Santiváñez está servida.

Pregúntense nomás, por mencionar un caso de estos días, cómo votarán los congresistas Cerrón, Bermejo y Bellido para los que la fiscalía pide 20 años de prisión, por sus vínculos con el Sendero Luminoso del Vraem.

Al mismo tiempo, un coronel PNP, pasado al retiro por su institución en el 2014 por falta grave (ojo, no por renovación, sino como máxima sanción), denuncia a la presidenta del Poder Judicial y a otros cuatro vocales supremos por supuestamente haber recurrido a una norma derogada en la casación final, del caso del coronel, cuyo pedido de reincorporación había sido ya rechazado en todos sus extremos en segunda instancia.

Súbitamente la Junta Nacional de Justicia ha determinado que este es un caso que debe verse de manera sumaria.

¿Es casual que la hermana de Dina Boluarte, cuyos pergaminos vienen de haber sido sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que tuvo que ser disuelta en su momento por la desbordada corrupción descubierta a su interior, sea ahora asesora del pleno de la JNJ? Y no está sola, el diario “Correo” da cuenta de que tres otros funcionarios de confianza de Boluarte ahora lo son de la JNJ.

Si estas dos destituciones prosperan, a mi juicio nuestra democracia, ya bien enferma, entraría en cuidados intensivos.

Entre tanto, el operador político inamovible, que en sus pocas horas libres funge de ministro del Interior y fracasa al enfrentar al crimen organizado a ojos vista, se siente tan importante y seguro en el cargo que, con ego inflamado y huachafería insuperable, ha nombrado a su propio vocero. Si Dina lo tiene, por qué no yo, que cada vez tengo más poder y más estabilidad asegurada que ella, parece decirnos.