La congresista Patricia Chirinos, también conocida como esa canción del cantante dominicano Juan Luis Guerra la ‘Woman del Callao’, goza de una privilegiada atención ‘express’ en la Fiscalía de la Nación pocas veces vista. El pasado miércoles hizo gala de ello. Ese día, a las 11:33 a.m., informó en sus redes sociales que había planteado una denuncia penal por abuso de autoridad y prevaricato contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional, que en la víspera habían emitido una medida cautelar a favor de la JNJ que, en resumen, ordenó la suspensión del proceso de destitución contra sus miembros que se iba a realizar en el Congreso. La denuncia fue atendida en menos de tres horas.
Exactamente, el documento en Word de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos (la oficina donde recayó la denuncia de Chirinos) que daba cuenta de la “disposición de apertura de investigación preliminar” contra los jueces constitucionales se creó a la 1:50 p.m. y en cuestión de minutos trascendió su contenido a los medios de comunicación. De nuevo: una respuesta bastante célere que muchos ciudadanos y litigantes quisieran obtener del Ministerio Público. Y, si revisamos el escrito, lo que también llama la atención es el pobre análisis de por medio y el hecho de que prácticamente se hizo un calco de lo denunciado por la congresista chalaca.
Es cierto que, en anteriores ocasiones, Chirinos también presentó denuncias contra los miembros de la JNJ que encontraron un rápido eco en la fiscalía comandada por Patricia Benavides. Pero nada como lo visto la semana pasada. Al punto que resulta evidente que existe una alianza, que termina dando la razón a aquellas personas que hablan de “un juego en pared” entre la cabeza del Ministerio Público y personajes como la parlamentaria Chirinos (hoy presidenta de la Comisión de Defensa) para repeler a sus detractores y, sobre todo, al bando “caviar” en el sistema de justicia que rechazan.
La fiscalía, que, de acuerdo a la Constitución, es un organismo autónomo encargado de perseguir el delito, representar a la sociedad en los procesos judiciales y que debe velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, no está para esas acciones. Y, si esa alianza existe, resulta sumamente peligrosa para el Estado de derecho. Sería el pico de casi una década de la incesante judicialización de la política (y viceversa) en la que está inmerso este país golpeado por la corrupción y la delincuencia. No vamos a llegar a nada bueno si la fiscalía hoy se ha vuelto una mesa de partes de intereses subalternos y políticos.
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