Para que los hackers pierdan sentido, por Jaime De Althaus

La invasión de los correos electrónicos del ex primer ministro René Cornejo es un delito, pero puede servir para consolidar pautas acerca de cómo debe ser la relación entre autoridades del Estado y cualquier gestor de intereses (lobbista) y, más importante aún, cómo deben formularse las normas.

En los setentas y ochentas, con el Estado proteccionista e intervencionista, lo que teníamos era una separación ideológica entre Estado y privados, pero muchas cosas se podían conseguir por lo bajo, a puerta cerrada, con frecuencia pagando. El mercado estaba dentro de los ministerios y todo tenía su precio: las licencias de importación, el dólar MUC, subir o bajar el arancel o el precio controlado para mi empresa, un subsidio, una norma que restrinja una actividad o proteja otra. Era el mercantilismo en un Estado patrimonialista.

A partir de los noventa se derogó la mayor parte de estos peajes, se liberó la actividad económica y la corrupción correspondiente desapareció. El mercado volvió a la sociedad y las empresas retornaron a sí mismas: a mejorar su productividad para competir en lugar de buscar protecciones legales. La separación ideológica entre Estado y privados tendió a desaparecer en teoría, pero, como reacción (también ideológica) a las malas costumbres anteriores, se pasó al otro extremo y se institucionalizó la desconfianza y la incomunicación, pues cualquier propuesta o pedido o conversación es vista a priori como un intento solapado de obtener alguna ventaja rentista.

Pero ya pasaron 24 años; es hora de evolucionar. Pues lo que se consigue con la incomunicación institucionalizada es la resurrección del Estado controlista e intervencionista, de las conversaciones a puerta cerrada y los arreglos por lo bajo. Los políticos y burócratas despliegan restricciones por doquier asfixiando la producción formal sin consultar con los normados o respondiendo a algún particular que logró un acceso furtivo.

Hay que pasar a la comunicación institucionalizada, no solo con los empresarios, con todos. Todas las normas deben ser consultadas con los interesados, prepublicadas para recibir aportes y deben contener un análisis de impacto regulatorio. Y se necesita un diálogo público-privado mucho más intenso, pero abierto, no para que algunos obtengan ventajas particulares a costa de otros, sino para normar mejor, eliminar trabas, romper cuellos de botella, planificar metas. El Estado es el instrumento de la sociedad, no al revés.

Si estamos integrados al mundo y tenemos que competir, tenemos que hacerlo con estrategias inteligentes y en las mejores condiciones. Eso supone que sector público y privado son un equipo. Los ‘clusters’ que propone el Plan de Diversificación Productiva, por ejemplo, pueden ser espacios de coordinación público-privada para resolver problemas y definir planes estratégicos para penetrar el mercado mundial. Pero tienen que ser transparentes y su objetivo buscar mayor competitividad y no rentas sectoriales.

En ese marco, los correos institucionales de los ministros y funcionarios deberían ser accesibles a quien los pida, tal como ha ofrecido el ministro Castilla. Que se vea que la conversación es para la mayor productividad general, no para el beneficio particular de un sector. Es hora de implantar esta cultura.