En una reciente conferencia de prensa, el Consejo Fiscal hizo pública su preocupación sobre la irresponsabilidad en que esta cayendo el Estado Peruano, principalmente el Congreso de la República, a través de la aprobación de leyes con impacto fiscal adverso, y que resulta mucho más que una proyección económica: constituye una verdadera advertencia política.
El gráfico alcanzado por el Consejo Fiscal, que muestra la trayectoria del déficit fiscal entre el 2024 y el 2036 revela tres posibles caminos. En uno , el país logra reducir su déficit desde el 3,5 % del PBI en el 2024 hasta niveles sostenibles cercanos al 1,5% hacia el 2030. En otro, el equilibrio se estanca alrededor del 3%. Y en el más realista, el que incorpora las iniciativas legislativas “adicionales” producto de la febril e irresponsable actividad de muchos de nuestros más populistas congresistas, el déficit se dispara hasta el 6,4% del PBI en el 2036. La diferencia entre esas líneas no es solo técnica: es política.
La primera representa la disciplina; la última, la tentación populista. Mientras el MEF intenta mantener el timón fiscal, el Congreso sigue aprobando leyes con impacto presupuestal sin fuente de financiamiento. Beneficios tributarios, aumentos salariales, pensiones de jubilación, exoneraciones y reajustes que lucen bien en el corto plazo, pero que hipotecan el futuro de todos los peruanos.
Un déficit del 6% del PBI no es un número inocente. Significa más deuda, más intereses, menos inversión pública y menor capacidad del Estado para atender prioridades y necesidades sociales. Es, en la práctica, renunciar a la estabilidad económica que por décadas distinguió al Perú en la región. Un país con déficit fiscal “crónico” pierde credibilidad, encarece su deuda y ve reducirse su margen de maniobra frente a cualquier crisis.
El Consejo Fiscal cumple, con este anuncio, su rol más importante: recordar que la sostenibilidad no depende de cuánto crezcamos, sino de cuán responsables seamos con lo que gastamos. El problema raíz no está en la economía, sino en la política. El Perú no ha dejado de generar riqueza; lo que ha perdido es la capacidad de administrarla con sensatez.
Por eso, más que discutir cifras, deberíamos discutir institucionalidad.
Ningún modelo económico sobrevive a la irresponsabilidad política. Y ningún país puede proyectar futuro si cada quinquenio destruye la confianza construida en el anterior. Lo que está en juego no es un punto del PBI, sino la credibilidad del Estado como garante de estabilidad y de futuro. En el fondo, el gráfico del Consejo Fiscal nos recuerda una verdad incómoda: el déficit más grave del Perú no es el fiscal, es político.
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