La anarquía judicial institucionalizada

Los principales sistemas jurídicos existentes en el mundo son el sistema romano-germánico y el sistema anglosajón.

El sistema romanístico, propio de la Europa continental pero extendido a muchos países no europeos, entre los que se encuentra el Perú, se basa en el “imperio de la ley”; es decir, el juez aplica la ley, no la crea.

En el sistema anglosajón, la piedra angular es el ‘common law’. En este sistema se prioriza a la jurisprudencia y la costumbre como fuentes predilectas. En el ‘common law’, los conflictos se resuelven con base en lo ya decidido: el precedente o la jurisprudencia.

En el sistema romanístico (‘civil law’), un juez que decide según su ideología ya no es juez: es un legislador clandestino. Algo más, me atrevería a decir que, cuando un juez se aparta de la aplicación de la ley para imponer su visión o ideología, convierte al proceso en un instrumento del Estado, no en una garantía del ciudadano.

En el Perú, como lo constatamos a diario, muchos jueces no aplican la ley, sino que, como en las películas del cine norteamericano, están sometidos a simpatías, ideologías, persuasiones y presiones de grupo.

Padecemos un desvío central que consiste en que el juez no aplica el derecho, sino su voluntad, convirtiendo el proceso en un instrumento ideológico. Se convierte en una suerte de ‘commonlawización’ de la justicia, pero sin las salvaguardas del sistema anglosajón, como son el precedente vinculante y el control colegiado. Así, se toma lo peor del modelo anglosajón (juez creador por voluntad propia) y se destruye lo mejor del modelo romano o continental: certeza, seguridad y límite a la discrecionalidad judicial.

Hoy, en la práctica, nuestro sistema, en realidad, no funciona ni como en el ‘civil law’ ni como en el ‘common law’; tenemos solo la voluntad judicial disfrazada de interpretaciones. Quizás por eso ciertos sectores con muy poco apoyo popular en las elecciones han optado por la captura del sistema judicial: los cambios normativos no los lograrían a través de leyes sino de sentencias.

Es más, poco importa quiénes ganen las elecciones y dominen el Congreso de la República –que es donde por naturaleza se hacen las leyes–, pues será por intermedio del Poder Judicial que se controlará cualquier “exceso” que no se encuadre dentro del esquema ideológico que se busca imponer.

En un país europeo regido por el ‘civil law’, poco importa si el juez es de izquierdas o de derechas, pues su rol es aplicar la ley y, en consecuencia, las partes pueden prever el resultado que tendrá el pleito sometido a proceso. En nuestro país, tal como estamos, el resultado es siempre incierto. El juez, a través de una suerte de acrobacia jurídica –esas como las que se ven en el circo, con múltiples columpios en los que se va saltando de un lado a otro–, llega a una interpretación desnaturalizadora de la ley, aplicando su peculiar y particular criterio sustentado en una afectación de algún principio genérico al que pueda arribar bajo la invocación de que se habría cometido un abuso del derecho y, así de simple, por una suerte de arte de birlibirloque, impone su criterio por encima de todo.

Es más, si eso ocurre en algún proceso patrocinado por alguna conocida ONG, es muy probable que sea considerado el juez del año. La anarquía judicial institucionalizada.