La emergencia evitable

Para una persona que recibe hemodiálisis tres veces por semana, una inundación puede significar la interrupción de este tratamiento indispensable para seguir viviendo. Lo mismo ocurre con un paciente oncológico que necesita continuar con sus sesiones de quimioterapia o radioterapia, o con alguien cuya enfermedad requiere medicamentos y controles periódicos. ¿Qué sucederá con ellos si los hospitales donde se atienden quedan inundados, las carreteras se vuelven intransitables o los servicios dejan de funcionar? Esta es una de las preguntas que el país debería responder antes de que el fenómeno El Niño golpee con mayor intensidad el norte peruano.

En su comunicado de setiembre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantuvo la alerta de El Niño costero y advirtió que el evento podría alcanzar una magnitud extraordinaria. Para el verano del 2027, prevé precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte. Por eso, el escenario que enfrentan Tumbes, Piura y Lambayeque exige medidas de preparación sanitaria, no solo obras de prevención y de respuesta ante inundaciones.

Cuando ocurre una emergencia climática, buena parte de los esfuerzos del sistema de salud se concentra, comprensiblemente, en atender heridos, controlar brotes de enfermedades como el dengue, recuperar establecimientos afectados y responder a las necesidades inmediatas de la población. Sin embargo, existe otra emergencia menos visible: la de quienes ya estaban enfermos y no pueden suspender sus tratamientos mientras el sistema recupera su capacidad de atención.

La pandemia del COVID-19 ya nos mostró las consecuencias de interrumpir la atención de las enfermedades crónicas durante una emergencia. Un estudio realizado en 18 hospitales públicos peruanos, publicado en el 2022 en la revista “Cancer Management and Research”, encontró que el 51,6% de los pacientes oncológicos evaluados sufrió retrasos en sus tratamientos y que el 12,6% tuvo que interrumpirlos. Si bien las causas fueron distintas, la lección es la misma: quienes necesitan atención continua no pueden quedar desprotegidos.

El problema es especialmente grave en un sistema sanitario fragmentado como el peruano, con servicios especializados concentrados en pocas ciudades, dificultades de abastecimiento y escasa articulación entre los prestadores. Una inundación puede dejar un establecimiento de salud fuera de servicio, interrumpir el suministro eléctrico, comprometer el acceso al agua segura, impedir la llegada de medicamentos o aislar a pacientes y profesionales.

Para los pacientes con insuficiencia renal, perder sesiones de hemodiálisis puede provocar complicaciones potencialmente mortales. En oncología, las interrupciones de tratamiento también comprometen los resultados. No son, evidentemente, consultas que puedan reprogramarse indiscriminadamente hasta que termine la emergencia.

¿Qué debería hacerse? Lo primero es identificar cuanto antes a los pacientes que necesitan atención continua y cuya interrupción supone un mayor riesgo. El Ministerio de Salud (Minsa), los gobiernos regionales y los distintos prestadores deberían conocer cuántos son, dónde viven, qué tratamientos reciben, con qué frecuencia deben acudir a un servicio de salud y qué dificultades enfrentan para desplazarse. Sin esa información, cualquier respuesta llegará tarde o dependerá de la capacidad de cada paciente para encontrar ayuda.

El segundo paso es determinar dónde podrían continuar sus tratamientos. No basta con saber qué hospitales o centros de salud existen. Es necesario identificar cuáles están expuestos a inundaciones, cuáles podrían mantenerse operativos y cuáles disponen de capacidad resolutiva real para recibir pacientes adicionales. Esta evaluación debe incluir establecimientos del Minsa, Essalud y del sector privado. En una emergencia, la fragmentación administrativa no debería convertirse en una barrera para acceder a un tratamiento indispensable.

Con esa información, corresponde organizar de una vez las rutas de referencia y de traslado. Cada paciente prioritario debería tener identificada una alternativa de atención y contar con las condiciones necesarias para acceder a ella. Esto exige coordinar el transporte, la disponibilidad de especialistas, medicamentos, equipos, historias clínicas y servicios diagnósticos. También requiere definir quién asumirá los costos: derivar a un paciente a otro establecimiento sin garantizar su atención efectiva no resuelve el problema; simplemente lo traslada.

El tercer desafío es asegurar que esta red siga operando durante la emergencia. Los acuerdos entre instituciones, los mecanismos de financiamiento y las responsabilidades de cada actor deben definirse con antelación, no negociarse cuando las carreteras estén bloqueadas o los servicios hayan dejado de operar. El Seguro Integral de Salud (SIS), Essalud y los demás financiadores tienen un papel que cumplir para evitar que las diferencias de cobertura impidan una respuesta oportuna.

Nada de esto implica restar importancia a la atención del dengue, a las inundaciones ni a las demás consecuencias sanitarias de El Niño. Por el contrario, significa reconocer que una respuesta integral debe atender simultáneamente a quienes resultan afectados por el desastre y a quienes ya dependían del sistema de salud para sobrevivir.

Todavía estamos a tiempo de organizar esta respuesta. Un departamento como Piura podría ser el punto de partida para desarrollar un modelo de continuidad de atención que luego pueda extenderse a otras regiones expuestas a emergencias climáticas. El objetivo debe ser claro y concreto: identificar a los pacientes, asegurar establecimientos alternativos, organizar los traslados y garantizar los recursos necesarios para que el cuidado no se interrumpa y la salud y la funcionalidad se preserven.