¿Luz más cara para los peruanos?

Todos los peruanos queremos algo muy simple: que el recibo de luz no suba y que la electricidad no falte. Queremos encender un foco, conectar un electrodoméstico o trabajar sin cortes inesperados, en cualquier hora del día y en cualquier parte del país. Es decir, queremos un sistema eléctrico accesible, seguro y confiable.

Sin embargo, la Ley N.º 32249, recientemente aprobada por el Congreso, se orienta en una dirección que podría alejarnos de ese objetivo. Su intención es buena: promover las energías renovables no convencionales, como la solar o eólica, pero parte de una premisa equivocada: que estas tecnologías, por sí solas, van a reducir las tarifas y garantizar el suministro eléctrico que necesita todo el país.

El problema no está en apostar por lo renovable, sino en hacerlo sin una mirada integral del sistema. La ley incentiva inversiones en tecnologías que solo generan electricidad por algunas horas del día, como la solar y eólica, y al mismo tiempo desincentiva la inversión en fuentes como el gas natural y el agua, que son justamente las que pueden generar de manera continua, las 24 horas. Al hacerlo, se compromete la confiabilidad del sistema y se pone en riesgo la seguridad energética del país. No se trata solo de generar energía limpia, sino de asegurar que esté disponible siempre.

El reglamento que acompaña esta ley propone fijar el precio de la electricidad (subastas de energía) por bloques horarios. Esto podría parecer eficiente, pero no lo es si se analiza el costo real del servicio. Las tarifas que paga el usuario deben reflejar el costo de generar electricidad durante todo el día, no solo en los momentos en que hay sol o viento. Comprar energía por partes puede llevar a pagar más al final, como quien compra un pasaje con escalas que, sumadas, cuestan más que un vuelo directo. Lo que le importa a los usuarios es el precio final, no cuánto costó producir la electricidad a las 2 de la tarde o a las 9 de la noche. Para lograr precios bajos y estables, es necesario que haya competencia entre tecnologías que puedan abastecer de forma continua, y eso no es posible si se excluye al gas natural o a las hidroeléctricas de la ecuación.

La confiabilidad es un concepto técnico que no siempre se comunica bien, pero es clave para entender por qué esta discusión no es solo un tema de especialistas. La energía solar o eólica puede ser más barata por hora, pero si no hay sol o viento, simplemente no generan. Y si no se ha contratado suficiente generación continua, se recurre a fuentes más caras, como el diésel. Esto ya está ocurriendo. En los últimos meses, ante la falta de generación hidráulica y térmica, las plantas del nodo energético del sur, diseñadas y licitadas para operar con gas natural, han estado funcionando con diésel. Estas plantas se construyeron con recursos de todos los peruanos, con un costo anual superior a 100 millones de dólares.

El resultado ha sido un aumento descomunal en los precios del mercado libre: el costo del megavatio hora ha pasado de 40 a 240 dólares, un incremento de 600%. Por ahora, ese sobrecosto lo pagan las grandes empresas, pero si no se corrige la situación, pronto afectará a todos. Las empresas distribuidoras que atienden a hogares y comercios tienen contratos de largo plazo que les aseguran precios estables, pero esos contratos deben renovarse, y si el sistema sigue desbalanceado, el nuevo precio será mucho mayor. Lo que hoy es un problema del mercado libre puede convertirse mañana en un problema para todos los usuarios regulados.

Por eso es fundamental entender el papel del gas natural en nuestra matriz energética. Las centrales térmicas a gas son las que marcan el precio en el mercado eléctrico. Mientras estén operando de forma constante, el Perú puede seguir siendo uno de los países con tarifas eléctricas más competitivas de la región. Además, el gas natural es una fuente de energía mucho más limpia que el diésel y es el complemento perfecto para las renovables: mientras estas aportan sostenibilidad, el gas aporta estabilidad y precios competitivos. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de integrarlos de manera inteligente.

Hoy tenemos una oportunidad clara: según el Ministerio de Energía y Minas, las reservas potenciales de gas en Madre de Dios podrían triplicar las actuales. Eso refuerza la viabilidad de apostar por esta fuente para generar electricidad confiable y barata. Pero para aprovechar ese potencial, se requiere infraestructura. Es urgente llevar el gas hasta las centrales del sur. No podemos seguir aceptando que operen a diésel por falta de conexión. Sin embargo, las señales del regulador opinan lo contrario. Según el OSINERGMIN, las centrales del nodo energético del sur tienen solo un 1 % de probabilidad de uso, según una fórmula llamada Factor de Referencia de Contratación (FRC). Bajo ese cálculo, no se justifica la construcción de ningún gasoducto, ni costero ni altoandino.

Aceptar que operen con diésel es validar un perjuicio económico y ambiental que todos estamos pagando. Es momento de revisar esas reglas. Una alternativa viable sería establecer un cargo por confiabilidad para el transporte de gas natural, similar al que ya existe para la transmisión eléctrica. Ese cargo permitiría viabilizar el desarrollo de infraestructura que asegure el abastecimiento continuo, con beneficios directos para los usuarios.

El Perú ya tiene una matriz energética bastante limpia. Contamos con una alta participación de hidroeléctricas, y con un crecimiento sostenido de la solar y la eólica. Eso es positivo, pero no suficiente. Una matriz limpia que no garantiza suministro permanente no es sostenible. La sostenibilidad no es solo ambiental: también es económica y social. El sistema debe ser confiable, accesible y estar bien planificado. Eso requiere decisiones técnicas serias, con visión de largo plazo, y sin dejarse llevar por presiones políticas ni intereses particulares.

La energía no es un lujo. Es un derecho básico y una herramienta clave para el desarrollo. Por eso, las normas que la regulan deben tener un solo objetivo: asegurar electricidad para todos, todo el tiempo y al menor costo posible. Si se siguen impulsando leyes que desincentivan la generación continua, si no se corrigen los errores regulatorios que impiden usar lo que ya hemos construido, y si no se prioriza al ciudadano por encima de los intereses de unos pocos, entonces estaremos hipotecando el futuro energético del país.

Es momento de tomar decisiones responsables. Apostemos por una matriz equilibrada, que combine sostenibilidad con confiabilidad. Impulsemos la inversión en generación a gas natural y en hidroeléctricas. Planifiquemos con criterio técnico y pensando siempre en el usuario final. Porque al final, la energía más cara es la que no tienes.