La muerte de Maricarmen Abascal pone fin a un drama personal que se convirtió en el símbolo de las protestas contra la crisis de la vivienda en España. La señora Abascal, de 87 años, fue desalojada hace dos semanas del departamento donde había vivido desde su adolescencia. El fondo inmobiliario que compró el departamento en el 2018 quería aumentarle el alquiler en 275% –casi cuatriplicarlo–, a una cantidad que excedía la pensión que ella recibía.
La muerte de Maricarmen Abascal pone fin a un drama personal que se convirtió en el símbolo de las protestas contra la crisis de la vivienda en España. La señora Abascal, de 87 años, fue desalojada hace dos semanas del departamento donde había vivido desde su adolescencia. El fondo inmobiliario que compró el departamento en el 2018 quería aumentarle el alquiler en 275% –casi cuatriplicarlo–, a una cantidad que excedía la pensión que ella recibía.
El caso reúne todos los elementos reales o imaginarios de la crítica contra el libre mercado: fondos de inversión que acaparan propiedades; un aumento desmesurado de los alquileres, que prácticamente se han duplicado en Madrid, en términos de euros por metro cuadrado, en los últimos 10 años; el desalojo de los inquilinos menos pudientes.
Quizás se le pudo dar un mejor trato a Maricarmen, pero eso no les da la razón a quienes pretenden resolver la crisis con más regulación o inclusive expropiación. Leyes como las propuestas por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y rechazadas por el Congreso, para prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler, limitar los desahucios y expropiar viviendas vacías resultan contraproducentes. Pueden evitar que se repitan casos como el de Maricarmen Abascal, pero a costa de muchos otros que no serán desalojados porque simplemente no conseguirán un departamento para alquilar.
Los más extremistas proponen que nadie pueda tener más de una vivienda para acabar con el mercado de alquiler. Imaginan un mundo donde cada persona construye una casa y vive en esa casa. Pero en ese mundo, el que no puede construirse una casa –porque no tiene los ahorros o las habilidades que se requiere– se queda sin un lugar donde vivir. Este economista prefiere el mundo real, donde hay gente con ahorros que puede construir más de una casa para satisfacer las necesidades de otra gente.
Los controles de precios, regulaciones y expropiaciones disuaden a los primeros de emplear sus ahorros en la construcción de casas o departamentos donde puedan vivir los segundos. Terminan afectando más a estos últimos porque los deja sin vivienda o los empuja a vivir en condiciones inferiores en cuanto a comodidad y seguridad. Los frustrados rentistas, en cambio, pueden invertir su plata en otra cosa y ganar quizás un poco menos, pero sin la amenaza de una expropiación abierta o encubierta.
Nadie puede estar en contra de la aspiración universal a una vivienda digna, pero cuando se habla de un derecho a la vivienda, la pregunta que surge inmediatamente es “¿cómo se consigue?”.
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