Carlos J. Zelada

En unos días más, el mundo conmemorará el Día internacional del orgullo, una fecha que recuerda los episodios ocurridos en el bar neoyorquino de Stonewall, hito para la historia de quienes somos gays, lesbianas, bisexuales, trans y/o intersexuales (). Las desalentadoras noticias recibidas desde el Tribunal Constitucional hace unos días, rechazando la inscripción en el Perú de dos matrimonios igualitarios celebrados en Estados Unidos, marcan un irónico contraste en un junio donde tantas personas se visten con los colores del arcoíris.

Las decisiones de la justicia constitucional peruana en estos dos casos marcan una divergencia enorme con lo que viene sucediendo con nuestros vecinos de la región. Desde hace años, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay permiten los matrimonios igualitarios como parte de sus políticas de respeto a la población LGBTI. No se trata, pues, de una exquisitez importada desde algún otro continente o, mucho menos, de alguna imposición progresista: es, en realidad, un asunto que nos permite medir cuánta libertad tenemos para construir un proyecto de familia en nuestro propio país.

Sin duda, la búsqueda judicial y legislativa del matrimonio igualitario es una causa muy noble, pero también hay otros problemas urgentes que resolver desde lo LGBTI. Les paso a contar dos de ellos.

En unas semanas más, Crissthian Olivera Fuentes será escuchado por las juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 18 años después de haber sido expulsado de la cafetería de un supermercado limeño por expresar su afecto con su entonces pareja. Crissthian fue una de las primeras víctimas de discriminación que acudió a Indecopi buscando que una entidad privada fuera sancionada ejemplarmente por su evidente homofobia. Ninguna de las instancias decisorias del país le dio la razón. Por el contrario, consideraron legítimo que la empresa se defendiera presentando argumentos tales como la eventual presencia de niños en el momento de los hechos o la declaración de un psiquiatra trasnochado que afirmó que su expulsión se justificaba porque las personas gays estamos enfermas. Ante la denegación de justicia en el país, Crissthian acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (), instancia que le dio la razón y que condenó al Perú por privarlo de una adecuada protección frente a su denuncia. Por supuesto, el Estado Peruano incumplió con lo que la CIDH propuso como medidas de reparación para Crissthian y hoy el caso está en manos de la Corte Interamericana. En los próximos días, la atención regional estará puesta en la que será la primera condena internacional que recibe un Estado por no proteger adecuadamente a una persona LGBTI que expresó su afecto en un espacio público de propiedad de una empresa. El caso de Crissthian será también el primero en el que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el impacto que estos episodios cotidianos de discriminación tienen en la salud mental de las personas LGBTI.

Este último abril, Jenny y Darling, las mujeres de las que hablamos en este Diario hace algunos meses, decidieron acudir a la CIDH buscando que se cumpla con la sentencia de primera instancia que ordena al Reniec emitir un DNI para D, su hijo de casi ocho años, que señale que ambas son sus madres. Jenny y Darling son dos lesbianas peruanas casadas en México y que luego de un tiempo trajeron al mundo a D. La partida de nacimiento mexicana deja clara constancia de que D es hijo de ambas y, como tal, lograron que la Superintendencia Nacional de Migraciones lo registrara como un peruano nacido en el exterior. El problema ocurrió cuando Jenny y Darling acudieron al Reniec que, fiel a su estilo cuando se trata de un caso sobre diversidad sexual, se negó a emitir un DNI para un niño que tiene dos mamás. Jenny y Darling demandaron al Reniec ante el Poder Judicial y consiguieron ganar en primera instancia tras casi cinco años de litigio. El Reniec apeló y el caso se encuentra hoy en segunda instancia, pendiente de resolución. Entre tanto, D sigue creciendo con un DNI que no reconoce plenamente a su familia. Frente a esta demora, Jenny y Darling han acudido a la CIDH solicitando el otorgamiento de una medida cautelar que ordene al Estado Peruano cumplir con la todavía vigente sentencia de primera instancia que obliga al Reniec a emitir un DNI para su hijo que reconozca su maternidad lesbiana. Todo parece indicar que en las próximas semanas la CIDH estaría publicando su decisión favorable, lo que convertiría su caso en el primero en el que se ordenaría a un Estado a emitir un DNI para un niño que tiene dos mamás.

Lo que intento mostrar con estas dos historias es que los LGBTI existimos más allá del altar. Quizás algunos de ustedes se preguntarán qué pretendemos con tanto reclamo o hasta dónde queremos avanzar con nuestras exigencias a la sociedad peruana. La respuesta es muy simple: hasta donde sea necesario. Así que seguiremos insistiendo, más allá de cada junio, incluso cuando intenten volvernos a ocultar en el clóset el resto del año.

Carlos J. Zelada Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico

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