Para el olvido, por Andrés Calderón López

La próxima vez que ‘googlee’ a Juan Pérez, apreciado lector, le recomiendo que haga una captura de pantalla o copie y pegue las noticias que aparezcan en los resultados de su búsqueda. Es posible que no pueda volver a leer sobre Juan Pérez o, por lo menos, que no le resulte tan fácil encontrarlo.

Si quiere saber por qué, le recomiendo ‘googlear’ ahora “Autoridad de Datos Personales Perú” y “derecho al olvido”, y encontrará la resolución que esta entidad administrativa (parte del Ministerio de Justicia) ha emitido recientemente. Pero facilitemos el acceso a la información –algo que, auguro, no le agradará mucho a esta autoridad– y comentemos de qué se trata.

En breve: Una persona había sido acusada en el 2009 de cometer un delito contra el pudor público, un hecho que fue noticia en diversos medios de comunicación. Varios años después, fue absuelta al no haber evidencia suficiente para condenarla; y dicha persona solicitó a Google que eliminara de sus resultados de búsqueda los links a las páginas webs que tenían las noticias sobre esa denuncia. La Autoridad de Datos le dio la razón, multó a Google con más de 250.000 soles y le ordenó que bloqueara los resultados que aparecieran con su nombre y apellido.

¿Esto significa que la información sobre este Juan Pérez ya no existirá en Internet, o que los medios y páginas webs deberán actualizar o corregir la información? No. Los medios electrónicos que divulgaron la información ni siquiera fueron parte del caso. Entonces, la información subsistirá, pero no se podrá llegar a ella vía Google. En palabras de la autoridad: “Lo que está ordenándose es eliminar una forma de acceso y no la supresión de la información”.

Se trata de una pésima solución a un problema real. En Internet, efectivamente, puede divulgarse mucha información falsa, o cierta en un momento dado pero desactualizada con el tiempo. Y la solución debería ser corregir o actualizar la información. Una solución que ya existe en el Perú, como en varios otros países, llamada derecho de rectificación.

Esto implica que los medios evalúen si procede o no la rectificación. Después de todo, el solicitante puede no tener la razón y simplemente querer que se borre información que le resulta incómoda. No piense en el inocente Juan Pérez, sino en el chofer de combi con 1.000 papeletas. En el profesor que abusó sexualmente de sus alumnos. En el político que entró en la salita del SIN y salió con una maleta de dinero. No quisiéramos que esta información se borre, ni mucho menos que sea difícil encontrarla.

Lo que ha hecho la autoridad no ha sido corregir el problema sino agravarlo. Los motores de búsqueda como Google no filtran la información, solo la indexan (listan) y la hacen más accesible. Y la autoridad no está ayudando a corregir la información, sino simplemente a ocultarla, procurando con ello que la gente “olvide” que existe.

Probablemente se dirá que el “derecho al olvido” ya se aplica en otros países y Google lo cumple. Pero el falaz recurso de creer que porque es importado debe ser bueno pasa por alto, además, que el mercado peruano no es tan atractivo como el europeo, y tal vez no le convenga a Google mantenerse en un país que lo obligue a asumir irrazonablemente estos costos. Y, más allá de Google, como bien apunta Miguel Morachimo de Hiperderecho, emprendimientos locales o investigaciones periodísticas que agregan y hacen más accesible la información (repertorios de jurisprudencia, registro de deudores, bases de visitas a entidades públicas) probablemente se frustren ante el riesgo de terminar pagando un cuarto de millón de soles en multas.

Es lamentablemente ilustrador que una dependencia del Ministerio de Justicia considere que la solución a la información incorrecta en Internet no sea dar más y mejor información, sino ocultarla. Un oscurantismo del siglo XXI.