La votación presidencial ha mostrado otra vez un país territorialmente dividido. El trazo de la columna que sostiene tal partición –la sierra peruana, desde Cajamarca en el norte hasta Puno en el sur– tiene raíces históricas y se sostiene en la cruda realidad de hoy.
La pobreza monetaria es un factor que mantiene vigente la división. Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2026), de las siete regiones más pobres, seis son de la sierra: Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Puno y Ayacucho (la excepción es Loreto). En la segunda vuelta, en todas las de la sierra ganó Juntos por el Perú. Y, ciertamente, aquí cabe anotar que no hay falacia más grande que “el pobre es pobre porque quiere”, puesto que omite factores como la desigualdad de acceso a educación y salud, de redes de contacto, de herencia familiar y un largo etcétera.
En paralelo, las regiones con más quechuahablantes –cerca del 50% o superándolo– también están en la sierra centro y sur: Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno. Esto trae consigo un urgente reclamo de reconocimiento democrático, que se manifiesta, asimismo, en los resultados electorales.
La división debería obligar al diálogo entre adversarios y fomentar la práctica de escucharse, en lugar de esparcir prejuicios y racismo. Urge tomar contacto con las percepciones, sentimientos y temores que coexisten en torno a la vida actual y el futuro. Por ejemplo, valorar la importancia decisiva del Estado para la vida o la muerte de millones de conciudadanos, algo que se evidencia cuando, según datos del 2025, el 82,2% de la población monetariamente pobre cuenta solo con el Seguro Integral de Salud (INEI, 2026), financiado casi en su integridad por fondos estatales.
Como propone María Isabel León, expresidenta de la Confiep, “el primer mensaje del nuevo gobierno debería estar dirigido precisamente a quienes no votaron por él” (El Comercio, 10.6.26). Sin embargo, basta ver cómo la bancada de Fuerza Popular –probable ganadora de las elecciones– sigue conduciendo el Congreso para dudar de que exista tal interés. Ya se ha criticado bastante la forma en que, por ejemplo, ha manejado la composición de los organismos del sistema judicial. Ahora, a escasas semanas de un nuevo gobierno, está por aprobarse una ley que impediría que los delitos de función de militares y policías sean juzgados por el fuero común, una práctica otoronga superada hace décadas. Clara señal de que, aprovechando la lucha contra el crimen organizado, tratarán de imponer un nuevo régimen autoritario.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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