Amores académicos

Los intelectuales de izquierda se están enamorando de la idea de que por primera vez ya no son sectores medios y urbanos los que enarbolan la bandera de la recuperación de la democracia, sino campesinos andinos. Y para que esa sugestiva tesis sea cierta, tienen que afirmar que este no es un gobierno democrático, sino autoritario, una dictadura cívico-militar.

Pero, como sabemos, Pedro Castillo fue vacado no por ser andino o campesino, sino por dar un golpe de Estado. Y lo dio para sepultar las acusaciones de haber recibido millones de soles para él y su familia. Sin embargo, muchos campesinos se movilizaron porque pensaron que fue derrocado por el Congreso y las élites limeñas debido a su origen campesino, andino, por racismo. Porque les robaron el voto. En ese sentido, sí, es una movilización democrática. ¡Pero basada en una posverdad! (falsedad).

No es democrática, sin embargo, desde el punto de vista de los métodos. Es verdad que, en sociedades tradicionales como las comunidades campesinas, los intereses individuales se diluyen en los designios comunales. Esto es más fuerte aun en Puno, donde a la identidad comunal se agrega una mayor identidad étnica aimara o quechua. La voluntad individual se subordina a la voluntad colectiva dictada por la dirigencia, y la traición es la peor de las afrentas. Allí no hay democracia. La estructura es de guerra. En las ciudades, muchos se movilizan por coacción o amenaza. Los comerciantes son obligados a cerrar y las autoridades son azotadas si se reúnen con el Ejecutivo. Se imponen verdaderas dictaduras dirigidas por líderes radicales. Eso no es democrático, pero los intelectuales de izquierda no lo ven.

Más bien, sí ven una dictadura en el Gobierno. Es un misterio cómo una presidenta precaria sin mayoría propia y sin recursos políticos puede encabezar una dictadura, pero afirman que gobierna imponiendo leyes de excepción y sin balance de poderes, pues goza de la connivencia de un Congreso en el que dispone de una mayoría tácita (en realidad frágil). Con esa definición, cualquier régimen parlamentarista donde por definición el Ejecutivo tiene mayoría (real, no tácita) sería una dictadura. Si este Congreso no está en guerra con el Ejecutivo pese a que este no asume responsabilidad política por los excesos, ello se debe a la orfandad política del Gobierno y a los intereses de los congresistas, no a una inventada dictadura.

Lo que vendría a sellar el carácter dictatorial del régimen es el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que –según estos intelectuales– suprime el control judicial de los actos del Congreso, consolidando su poder absoluto. Sin embargo, lo que dicha sentencia establece, con doctrina y puro sentido común, es que hay ciertos actos del Congreso que no son justiciables, y esos son los actos políticos puros tales como la censura ministerial, la insistencia en una ley, la investidura del Gabinete, por ejemplo, de la misma manera en que el Congreso no podría obligar a un juez a cambiar una sentencia dada.

En cambio, sí están sujetos a control judicial el antejuicio, por su carácter político-jurisdiccional, el juicio político y lo relativo al debido proceso en una investigación, cuando se afecten derechos fundamentales del investigado, por ejemplo. Pero lo que no puede hacer un juez –concluye el TC– es ordenarle al Congreso que opte por una u otra modalidad de elección del defensor del Pueblo, cuando ambas modalidades están establecidas en la ley y es potestad excluyente del Congreso elegir qué modalidad escoge.

El Congreso es el núcleo de la democracia. Es el cuerpo político por excelencia. Pero para estos “demócratas”, el Congreso es dictador cuando toma decisiones políticas eligiendo a un TC y a un eventual defensor de una misma orientación política. Cuando en cualquier democracia las designaciones congresales responden precisamente a la mayoría política, que refleja la voluntad de los electores.