Regular no basta

El avance tecnológico ya no se mide solo por la cantidad de dispositivos conectados, sino por el modo en que las personas logran integrarlos en su vida diaria. Según el estudio de Apropiación Digital realizado por el Centro Nacional de Consultoría en Colombia y Datum en el Perú, el 94% de los peruanos accede hoy a Internet y el 80% cuenta con un smartphone. Estas cifras revelan una cobertura amplia y una puerta abierta hacia la conectividad, pero al analizar con mayor detalle las actividades realizadas se observa que los peruanos aún no terminan de cruzar plenamente la frontera digital, ya que sigue predominando la forma de acceso tradicional.

La brecha urbana-rural, las diferencias socioeconómicas y las limitaciones de infraestructura muestran que el acceso no es igual para todos. Identificar y atender estas disparidades es esencial para que la digitalización no se convierta en una nueva forma de exclusión. En paralelo, está el reto de la innovación y la competitividad. El Perú debe evaluar y promover la adopción de tecnologías que fortalezcan a sus empresas en un entorno global cada vez más digitalizado. La capacidad de competir dependerá no solo de las herramientas disponibles, sino del talento humano preparado para aprovecharlas.

El campo educativo ocupa un lugar central en este desafío. Evaluar y fortalecer las competencias digitales permitirá que las próximas generaciones estén listas para los empleos del futuro, en los que la interacción con la inteligencia artificial, la programación y la creación de contenidos digitales serán parte del día a día. Sin una política educativa que articule estas competencias, la brecha con otros países se ampliará. Al mismo tiempo, la digitalización tiene un impacto directo en el bienestar social. Para ello, los datos se convierten en insumo fundamental para diseñar políticas públicas.

En los últimos años, el Perú ha avanzado en la creación de un marco normativo digital. La Ley de Gobierno Digital y la política nacional al 2030 buscan modernizar al Estado mediante la digitalización de servicios, la interoperabilidad y la identidad digital. Más recientemente, la ley y el reglamento de inteligencia artificial colocan al país entre los pocos en la región con un marco específico para garantizar un uso ético y seguro de esta tecnología. A ello se suma la Ley de Protección de Datos Personales, reforzada en el 2025, que alinea al país con estándares internacionales. Estos avances proyectan liderazgo, pero aunque regular pronto da una imagen de vanguardia, puede también frenar la innovación si no se acompaña de flexibilidad y medidas para cerrar brechas. En la práctica, el verdadero resultado de esta legislación debería sentirse en trámites estatales más simples, ágiles y plenamente digitales, que acerquen al ciudadano al Estado.

El debate no se limita a normas y conectividad. Existe una ambivalencia global frente a la tecnología que también se refleja en el Perú. Por un lado, se la percibe como indispensable y positiva, fuente de oportunidades y progreso. Por otro, crecen las preocupaciones sobre la adicción, la salud mental, la calidad del sueño o el impacto en las relaciones sociales. De hecho, el 42% de peruanos afirma que solo a veces, o casi nunca, logra dormir bien.

El futuro digital del Perú dependerá de transformar estas contradicciones en oportunidades. El acceso a Internet y la masificación de los smartphones son apenas el primer paso. Lo que realmente importa ahora es cómo se utilizan esas herramientas, con qué objetivos y qué resultados generan en la vida de los ciudadanos. El uso debe ampliarse a campos como la educación, la salud, el trabajo y el comercio, respaldado por normas claras e indicadores que permitan entender y acompañar esta evolución.