Seguridad energética y parálisis estatal

Hagamos un alto a la lectura de los resultados de las elecciones regionales y municipales. Vayamos de la coyuntura a la estructura. En el mundo cada vez más se habla y se escribe sobre “seguridad energética”. En el Perú, la clase política en general apenas toma nota de que somos un país vulnerable. Somos un país –que a pesar de sus diversos y amplios recursos energéticos– donde la “seguridad energética” es una debilidad estructural.

Observen el siguiente dato: el Perú produce 35.000 barriles de petróleo al día, pero requiere 320.000 aproximadamente. Más del 80% del petróleo consumido en el país es importado, estamos –en consecuencia– a merced de la incertidumbre geopolítica mundial y de las cadenas de suministro globales.

En la matriz energética nacional, el petróleo y sus derivados, principalmente importados, representan el 45% del consumo de energía en tanto que el gas natural, producido en el Perú, es alrededor del 34%. Somos –vale repetirlo– un país vulnerable. A ello le sumamos que –al ritmo del consumo actual– las reservas de gas solo garantizarían el suministro de 13 a 14 años si no invertimos en reponer las reservas como lo hacen los países productores con visión de futuro. El Perú podría ampliar sus reservas probadas de gas con inversiones en exploración. Solo un ejemplo: se calculan recursos por alrededor de 20,4 TCF en la cuenca de Madre de Dios.

El modelo peruano de inversiones ha sido exitoso a pesar del hipo de Odebrecht que dejó –en la burocracia– un gran trauma. Es un modelo de inversiones basado en la colaboración pública y privada a través de las concesiones y privatizaciones. Pero el modelo tiene un límite: la permisología y los enormes trámites que hacen engorrosa la exploración gasífera, el llamado ‘upstream’. Solo la firma del contrato entre el Estado y una empresa privada tarda entre siete y ocho años.

En los últimos días, ese modelo peruano de inversiones ha sido puesto en duda por algunos especialistas del sector energético, especialmente en cuanto a las licitaciones, concursos o adendas, instrumentos que el Estado usa para otorgar la buena pro de un proyecto u operación energética. Se empieza a decir que las adendas son –per se– menos beneficiosas y menos eficientes que las licitaciones o concursos. Incluso se ha llegado a decir que las adendas son ilícitas, inmorales y posibles fuentes de corrupción. No obstante, debemos hacer salvedades y precisiones.

Es cierto que cuando hay una licitación el “precio se descubre”. También es cierto que las licitaciones o concursos se deben ajustar siempre a exigentes estándares y criterios de calificación del Estado y del mercado. Pero lo que también es cierto –e irrefutable– es que los criterios para que el Estado y el funcionario elijan una adenda sobre una licitación deben estar enmarcados dentro de las leyes y normativas nacionales y deben alcanzar parámetros técnicos más eficientes que la propia licitación. Asimismo, colocar el menor precio como un criterio o factor de competencia única en una licitación o una adenda es alterar el objetivo más importante: otorgar un servicio de máximo beneficio al usuario/ciudadano en el menor plazo posible.

Decir que el Estado opta por otorgar una adenda de una operación/proyecto energético (o de otra índole) –siempre– se debe a una práctica de corrupción es una falacia que daña el modelo de inversiones y concesiones.

Quizá no debemos olvidar que es el Estado (los diversos ministerios) el que tiene la potestad de fijar los criterios o factores de competencia; amén que están fiscalizados tanto por instituciones (contraloría) como por el ojo ciudadano y de los medios de comunicación. Las adendas no se entregan a dedo, sino que deben cumplir una serie de requisitos que son evaluados y fiscalizados por el Estado en su conjunto y a veces por instituciones internacionales.

Vale decir que, así como se ha creado una maraña tramitológica contra el modelo de inversiones (sobre todo en energía y minería), se ha organizado un mercado de consultores alrededor de los organismos reguladores que han visto perder su poder porque ya no pueden “fiscalizar” a través de sus “informes técnicos” hechos con poca rigurosidad.

En suma, decir que una adenda es ilícita, inmoral, antitécnica, no competitiva, ineficiente y que deja margen para la corrupción es una falacia.