Ayer se votó en el Perú para elegir nuevas autoridades subnacionales. En Lima, por un alcalde metropolitano y por los 43 alcaldes distritales. Según el Observatorio de Seguridad Nacional Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones –otras fuentes registran datos aún mayores–, el año pasado, en la ciudad capital, fallecieron 683 personas a causa de accidentes de tránsito, a los que deben sumarse 22.826 lesionados por la misma razón. En el mismo periodo y en la misma área geográfica, se registraron 837 asesinatos (Sistema Informático Nacional de Defunciones). Sumando ambas modalidades de muertes violentas, las de tránsito equivalen a 45% y los asesinatos a 55%.
¿Por qué, entonces, los candidatos no se implicaron a fondo en la seguridad vial? Probablemente, porque los homicidios tienen más prensa que los fallecidos por accidentes de tránsito en una calle o avenida cualquiera. También, quizá, porque no lo consideran central, incluso sabiendo los riesgos que genera la constante imprudencia de los conductores.
En las ciudades, el tránsito es responsabilidad de los municipios. La Ley 27972 (art. 81) especifica, entre otras funciones, que les corresponde “normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos”. Esto es, además de “otorgar concesiones, normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores”. El control del cumplimiento de las normas, obviamente, debe realizarse con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En Lima, le cabe una iniciativa crucial a su alcalde metropolitano. Sea quien sea el elegido —lo mismo que en los distritos—, sin tener que esperar a que operen las líneas de metro u otra nueva infraestructura, haría bien en empeñarse en una exigente campaña para que, en el Cercado de Lima y en los distritos –con la colaboración de sus nuevos alcaldes–, se respeten las normas de tránsito y los elementos de seguridad vial, que están ahí para proteger la vida: límites de velocidad, señales de tránsito y semáforos, puentes y cruces peatonales.
Construir seguridad exige, en este caso, además de cumplir las leyes, convocar a vecinos e instituciones –juntas vecinales, parroquias, escuelas, universidades, colegios profesionales– a un compromiso de trabajo diario, comprometido y coordinado. Quizás todo esto no resulte atractivo en términos de inversión y visibilidad –no se requiere cemento ni fierro, sino modificar conductas–, pero es crucial para crear una cultura ciudadana de cuidado, lo que también afianza la solidaridad y la identidad distrital. La vida diaria importa, aunque no lo parezca a primera vista: en ella también se decide si la ciudad se protege o se abandona.
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