Transparencia electoral

La decisión de la Comisión de Constitución de aprobar que las encuestas puedan difundirse hasta tres días antes de las elecciones representaría un avance significativo para la democracia peruana. Este pliego legislativo está alineado con la expectativa ciudadana, pues en la encuesta de Datum-El Comercio publicada en junio se evidenció el deseo de disminuir esta restricción, mientras que el 58% estaba en contra de la eliminación de la ley seca.

Las empresas de investigación que realizan estudios de opinión siguen estándares internacionales claros. Los principios que rigen su trabajo se basan en la legalidad, la transparencia y la veracidad. Toda investigación debe conducirse con cuidado, respeto y responsabilidad, protegiendo la información de los encuestados y garantizando que los resultados se comuniquen de manera ética y honesta. Los investigadores asumen la responsabilidad integral por la calidad de su trabajo, independientemente de la metodología. Estos principios, promovidos por organismos internacionales, buscan preservar la confianza del público y asegurar que la opinión ciudadana sea representada con rigor.

Hasta ahora, la veda informativa de siete días privaba al elector de conocer mediciones actualizadas sobre el clima electoral en la recta final. Las encuestas que se publicaban una semana antes de los comicios solían haberse levantado días antes, por lo que reflejaban un escenario desactualizado, que no siempre lograban captar los cambios de último momento. En un país donde la volatilidad del voto es alta, esta brecha temporal distorsiona la comprensión del contexto y, en lugar de proteger al ciudadano, lo deja más vulnerable frente a la manipulación informativa de operadores políticos.

Uno de los principales argumentos para mantener la veda es que las encuestas podrían influir en la decisión del votante. Sin embargo, pese a décadas de estudios, no existe evidencia concluyente que respalde esa afirmación. Las personas reaccionan de manera distinta ante los mismos resultados. Algunos podrían sentirse motivados a respaldar al favorito, otros optar por el voto de protesta o reafirmar su elección previa. No hay un patrón universal de comportamiento. En cambio, restringir el acceso a información verificable debilita la capacidad del ciudadano para decidir con base en datos reales.

Reducir el período de veda a tres días no solo amplía el derecho a la información, sino que democratiza el acceso a las fuentes. Hasta ahora, quienes podían conocer encuestas en la última semana eran quienes las contrataban, perpetuando una asimetría informativa contraria al espíritu democrático. Al acortar el plazo, todos los electores podrán informarse de manera más equitativa y contrastar sus percepciones con datos recientes.

Además, el cambio adquiere mayor relevancia en tiempos de redes sociales y desinformación digital. Las “encuestas falsas” se viralizan con facilidad, influyendo en la conversación pública y generando confusión. Con este cambio, los ciudadanos podrían consultar directamente las páginas oficiales de las encuestadoras registradas y de los medios de comunicación que difunden resultados, lo que fortalecería la transparencia y reduciría el espacio para la manipulación.

Las encuestadoras además están sujetas al Reglamento del JNE, que exige la publicación de la ficha técnica de cada estudio. Este requisito permite una lectura informada y transparente de los resultados, indicando el tamaño de muestra, la cobertura geográfica, el margen de error y la fecha de levantamiento. El rol del JNE debe seguir siendo el de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de estas normas, velando por la calidad de la información publicada.

En tiempos de desconfianza y polarización, ampliar el acceso a información verificada es una forma de fortalecer la confianza en el proceso y en las instituciones. Esperemos que el Congreso confirme esta medida y la haga efectiva en las próximas elecciones.