Tres meses para salvar la república, por Ignazio De Ferrari

A falta de siete meses para el final de este lustro maldito, parece instalarse la idea de que el país se dirige inexorablemente hacia un futuro peor, casi ominoso. La pandemia ha causado alrededor de 38 mil muertes y un colapso económico no visto en más de 30 años. El Estado ha alcanzado su nivel de endeudamiento más alto en 14 años, nuestra confianza en las instituciones continúa por los suelos y la Presidencia de la República, gracias al ataque sistemático del Congreso, ha visto limitada su capacidad de gestionar bien el Estado.

Sin embargo, pese a la magnitud de la crisis, es importante poner los hechos en perspectiva y entender que no todo está perdido. Que retomar la senda del crecimiento económico y de la reducción de las desigualdades sociales puede ser posible si los actores políticos e institucionales que nos pueden sacar del atolladero logran enderezar el rumbo. Y esto pasa por terminar de entender que, en el corto plazo, la mayor amenaza para el futuro del país es el Congreso, y que tenemos tres meses hasta la elección de abril para evitar el escenario más catastrófico.

La ciencia política moderna entiende los fenómenos políticos como el resultado de la interacción de los actores –con sus determinadas preferencias– con las instituciones bajo las que les toca operar; es decir, las reglas de juego. Agencia y estructura, en otras palabras. En la coyuntura actual, las reglas están del lado de la mayoría legislativa: el Parlamento no puede ser disuelto, al presidente lo pueden censurar con solo 66 votos y la aritmética está del lado del Congreso. Es por eso que, en un contexto de reglas adversas, el país requiere aun de más claridad, entendimiento del terreno y reflejos políticos de parte de los actores e instituciones que pueden hacer algo para prevenir que nos desbarranquemos.

Estos actores son fundamentalmente cuatro: el Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso, los jueces del Tribunal Constitucional (TC) y los candidatos presidenciales del centro político. El Gobierno debe hacer frente a la pandemia de manera adecuada –fortaleciendo la atención primaria y haciendo todo lo necesario para conseguir las vacunas–, cuidar la reactivación económica y neutralizar con inteligencia la ofensiva populista del Congreso. En su relación con el Legislativo, es fundamental que el Gobierno no permita que, en un contexto de crisis, el populismo económico gane los corazones de la ciudadanía y de los votantes de abril. De acá a la elección, los partidos de la mayoría vacadora intentarán recuperar la popularidad perdida buscando erigirse como defensores de los intereses populares frente a las élites. Será crucial limitar el impacto de ese discurso y dar muestra de una pericia política que el nuevo Gobierno aún no ha exhibido.

En el terreno constitucional, será clave que el Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso y el TC jueguen en pared. El Gobierno deberá observar las leyes inconstitucionales que el Congreso siga aprobando –como ya hizo con la de la ONP– y la Mesa Directiva deberá responder de manera ágil cuando se presenten las demandas de inconstitucionalidad, sin ceder a las presiones de las bancadas. El TC, asimismo, deberá estar esta vez a la altura –a diferencia de lo sucedido con la sentencia sobre la vacancia– y pronunciarse a la máxima brevedad posible para evitar más incertidumbre y que se termine de arraigar la idea de que, en el Perú, la Constitución ya no vale nada.

El Gobierno, la Mesa Directiva y el TC pueden contribuir a frenar los arrebatos del Congreso actual, pero dependerá de la elección de abril, y de la segunda vuelta de junio, que los próximos cinco años no sean iguales o peores que el lustro que termina. Los sucesos de noviembre terminaron de desacreditar a las fuerzas políticas que dieron sus votos para la vacancia, y restaron autoridad moral a los candidatos que optaron por el silencio cómplice. Los únicos candidatos del centro político con opciones electorales en abril que condenaron la arbitrariedad del Congreso fueron Julio Guzmán y George Forsyth (aunque, en el caso de este último, con algunas idas y venidas). Ellos ocupan los dos primeros lugares en el último sondeo de El Comercio-Ipsos, con un 8% y un 18% de las preferencias, respectivamente.

Para evitar que la amenaza de la vacancia siga haciendo ingobernable al país cinco años más, no bastará con que quien gane la presidencia sea una fuerza moderadora capaz de tejer consensos. El precedente que se ha sentado en este quinquenio es tal que quien gane tendrá que contar con una coalición parlamentaria estable de cerca de 50 congresistas que pueda limitar la amenaza permanente de la vacancia. Para eso, Forsyth y Guzmán, cuyo núcleo de votantes está en Lima, deberán enfocarse en ampliar su horizonte electoral al interior del país, de modo que no les suceda lo mismo que a Lourdes Flores y a Pedro Pablo Kuczynski en el pasado que, al ser demasiado limeños, no lograron trasladar sus votos en los distritos pequeños del interior del país en escaños legislativos. A su vez, Forsyth y Guzmán deberán entender que, pese a ser rivales en primera vuelta, podrían requerirse mutuamente en la segunda y, de ganar alguno de los dos, en el próximo quinquenio, para no hundirse en las arenas movedizas del Legislativo. Es importante, entonces, que las diferencias que puedan surgir en la campaña no los nuble y les haga perder de vista cuánto podrían necesitarse aunque no se quieran.

El futuro del país no está escrito. La pregunta es si los actores que pueden devolverle algunas certezas al país estarán a la altura del momento.