El inicio de una nueva gestión gubernamental vuelve a colocar sobre la mesa las prioridades estructurales del país. La atención pública se concentrará de forma natural en señales de estabilidad económica y seguridad. Sin embargo, existe una urgencia que impacta directamente en la productividad nacional y el capital humano, la misma que no admite más prórrogas: la salud. Los primeros 100 días de un gobierno no son solo un periodo de instalación política; representan una ventana crítica para hacer realidad las propuestas presentadas durante la campaña electoral.
El desafío es colosal en un sistema históricamente fragmentado. Si consideramos que el Perú destina cerca del 6% de su PBI a este rubro, muy por debajo del 9.3% que invierten en promedio países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), resulta evidente que la brecha no es solo una cifra macroeconómica. Esta realidad se traduce en establecimientos con deficiencias en infraestructura y pacientes que navegan un sistema que no siempre los acompaña a tiempo. Frente a este escenario, la salud debe entenderse firmemente como una inversión con un retorno social estratégico, y no más como un gasto.
Para trazar una hoja de ruta sostenible durante este periodo inicial, la atención debe centrarse en la eficiencia de la gestión pública, priorizando tres líneas de acción que requieren voluntad política, articulación institucional y modernización administrativa.
La primera de ellas es garantizar la sostenibilidad financiera desde el primer nivel de atención, diagnóstico, hasta la alta complejidad. Evitemos desabastecimiento de medicamentos y equipamiento adecuado en casos críticos como el cáncer, donde más de la mitad de los diagnósticos se realizan en etapas intermedias y avanzadas a pesar de contar con un presupuesto de S/ 1,485 millones. La solución técnica no pasa únicamente por la inyección de recursos, sino por optimizar los mecanismos de compra. Fortalecer las redes oncológicas, crear hojas de ruta transparentes para los pacientes e implementar la normativa relevante de abastecimiento como los Mecanismos Diferenciados de Adquisición (MDA), ya aprobados en la Ley de Cáncer y en la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Situaciones similares se replican en estrategias de enfermedades raras y huérfanas, así como enfermedades no transmisibles.
En segundo lugar, el país requiere un impulso decidido hacia la simplificación regulatoria para recuperar competitividad. Concretar la actualización de los reglamentos de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en la Digemid, y de intercambiabilidad, a la par de modernizar el Reglamento de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Salud (INS). Esto constituiría una victoria temprana de alto impacto. Este esfuerzo, de costo cero para el erario público, no solo aceleraría la disponibilidad de alternativas terapéuticas, sino que reposicionaría al Perú como un polo atractivo para la inversión en investigación científica.
Por último, en tercer lugar, transitar hacia una verdadera gobernanza articulada es indispensable para superar la gestión en silos. Un sistema de salud moderno requiere que las instancias encargadas del financiamiento público, los reguladores de la política sanitaria y los desarrolladores de innovación compartan un espacio de diálogo técnico permanente. Institucionalizar una unidad estratégica de implementación, ejecución y entrega de resultados dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que articule la estrategia de salud y educación a nivel transversal.
Al final del día, el éxito de toda política pública se mide en la calidad de vida de las personas. La salud exige una visión que trascienda la coyuntura, enfocada en soluciones que unan voluntades y capacidades técnicas. El próximo gobierno tiene la gran oportunidad de incorporar al sector privado en propuestas de solución a través de mecanismos como “Servicios por Impuestos”, que permita tangibilizar este cierre de brechas en salud evitando seguir siendo un país fragmentado. El Estado y todos los actores del ecosistema deben alinearse con un solo objetivo: garantizar un acceso equitativo, oportuno y sostenible para millones de peruanos. La tarea es enorme, pero compartida. Trabajemos juntos: sector público, privado y sociedad civil.
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