Un país de sobrevivientes

El 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno la disolución del Congreso. Alegó que una mayoría parlamentaria, alineada con los intereses de monopolios y grandes grupos económicos, no le permitía gobernar. Para la mayoría de los peruanos, no hubo duda: Castillo había dado un golpe de Estado. Sin embargo, en febrero del 2023, el 43% de los ciudadanos creía que fue el Congreso el que, en realidad, le dio un golpe al presidente y lo destituyó de forma ilegítima. Muchos de ellos compartían el argumento de Castillo: que lo sacaron por ser un campesino que intentó gobernar para los sectores históricamente olvidados del país.

Hoy esa percepción es aún más fuerte. El 59% de los peruanos cree que Castillo fue víctima de un golpe parlamentario que allanó el camino para la llegada de Dina Boluarte al poder. Y esa percepción crece significativamente entre los sectores más pobres: llega al 66% en el nivel socioeconómico E. Son justamente las poblaciones que se sienten marginadas las que creen –con razón o sin ella– que el Perú se gobierna para unos cuantos grupos de poder.

El riesgo de volver a elegir a un candidato con el perfil de Castillo es alto. Porque muchos creen que Dina Boluarte se mantiene en el poder gracias al respaldo de la derecha y de los empresarios. Si eso es o no cierto, es irrelevante en términos políticos: en democracia, las percepciones pesan tanto como los hechos.

Poco importa entonces que durante el gobierno de Castillo la pobreza aumentara, que la calidad de vida de los peruanos se deteriorara, que se hubieran fortalecido las economías ilegales o que la corrupción alcanzara nuevas alturas. Y es que en el Perú no hemos impulsado el pensamiento crítico ni la formación ciudadana. Los ciudadanos necesitan conocer sus derechos, entender el rol de las autoridades y aprender a analizar información. No tiene sentido exigir ciudadanía y defensa de las instituciones cuando no se entiende para qué sirve la democracia ni cuál es la diferencia entre el rol de un congresista y un ministro, o el del presidente del Banco Central.

¿Y cómo lograrlo si hemos renunciado a educar a nuestros niños? ¿Acaso no es cierto que en Loreto solo el 7% de los escolares de sexto de primaria entiende lo que lee? ¿Que en San Martín y Tumbes apenas 6 de cada 100 estudiantes pueden resolver problemas matemáticos? ¿Qué resultado distinto se puede esperar si el 70% de los niños menores de 3 años en Puno sufre de anemia, si el 67% de los colegios en Cajamarca presenta riesgo estructural alto, o si apenas el 30% de las escuelas en el ámbito nacional tiene carpetas suficientes para todos los alumnos? ¿Qué futuro estamos construyendo si solo el 29% de los docentes aprobó la última evaluación para acceder a la carrera pública magisterial? En nuestro país, no formamos ciudadanos, creamos sobrevivientes.

Si no formamos ciudadanos, si no construimos un país que ofrezca oportunidades reales de desarrollo, ¿cómo queremos mejores autoridades? ¿Cómo enfrentaremos a las economías ilegales? ¿Cómo logramos que los miles de jóvenes que se han ido del país regresen? ¿Cómo construir un mejor país si muchos peruanos ven a las economías ilegales como una oportunidad para salir de la pobreza? Algo que ni el Estado ni el mercado les han dado. No nos quejemos entonces, porque nuestras autoridades son el reflejo del país que hemos construido.