Editorial 1: Una indignidad contumaz

Casi cuatro años han pasado desde que la fiscalía solicitó por primera vez la extradición del expresidente Alejandro Toledo y muchos más desde que aparecieron las primeras señas de los actos de corrupción que se le imputan (de acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido hasta US$35 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus tratos con el Estado Peruano). Y durante todo ese tiempo, la ciudadanía ha visto cómo su defensa ha desplegado todos los esfuerzos posibles para evitar o dilatar su traslado a nuestro territorio para enfrentar la justicia.

Por momentos, para ser sinceros, el proceso daba la impresión de ser interminable. Pero la semana pasada recibimos una noticia que permite anticipar que será coronado con éxito: el juez estadounidense Thomas S. Hixon “certificó” que el caso contra el ex jefe del Estado Peruano reúne los requisitos para autorizar la extradición.

Es cierto que el abogado de Toledo ya ha adelantado que presentará un hábeas corpus contra la decisión judicial y, además, falta el pronunciamiento del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. Pero si bien todo ello podría suponer entre ocho meses y un año más de espera, es muy improbable que al final la extradición no se materialice.

Estamos, entonces, ante el principio del fin de una historia oprobiosa, pues a la presunta conducta delictiva por la que tendrá que responder, Toledo ha sumado durante cerca de ocho años una desvergüenza contumaz, que mancha la dignidad del cargo que alguna vez una mayoría de peruanos le confió.

Si ya tener a tantas exautoridades acusadas de corrupción es una circunstancia penosa para los peruanos, el espectáculo de ver a una de ellas hacer lo indecible para evitar que en su caso tales acusaciones sean aclaradas –arrasando en el camino con la dignidad del encumbrado cargo que le tocó ostentar– es una vergüenza dolorosa.

Felizmente, el largo camino de reparación de ese inmenso daño acaba de superar su recodo final para mostrarnos la inexorable meta. Si hemos podido esperar más de 15 años desde que los presuntos delitos que se le imputan al expresidente Toledo fueron cometidos para que este pronunciamiento judicial llegase, un año más solo pondrá nuestra paciencia a prueba.