Editorial: A bajar los decibeles

“La democracia y el Estado de derecho no pueden permanecer impasibles ante quienes decidieron rebelarse contra el orden constitucional”, dijimos desde este espacio el 5 de enero del 2005, a propósito de la asonada etnocacerista que lideró Antauro Humala en Andahuaylas en los primeros días de aquel año y que resultó en el homicidio de cuatro policías.

Quince años después, la circunstancia del llamado ‘andahuaylazo’ vuelve a hacerse relevante, con la presencia del partido Unión por el Perú (UPP) justamente en el seno de nuestro ordenamiento constitucional: el Parlamento. En efecto, la agrupación que quiso llevar al Congreso al señor Humala –cuya candidatura fue excluida por la condena que pesa sobre él– ha logrado hacerse de un número nada desdeñable de escaños (alrededor de 14) en el nuevo Legislativo, incluso colocando en tres de ellos a personas sentenciadas por los actos violentos del 2005.

Se trata, pues, de una agrupación que reivindica y hace eco del discurso del referido líder etnocacerista, con todos los elementos radicales que lo componen. Y aunque estemos frente a una opción política que ha accedido al poder de manera legítima y democrática, ello no tiene por qué conjurar las preocupaciones que sus planteamientos suponen.

Entre estos, por ejemplo, se encuentra el de la liberación de Antauro Humala, con el fin de que compita en las elecciones presidenciales del 2021. “Siendo Antauro el preso político más antiguo del país, siendo el único preso político que se ha levantado contra la corrupción, por supuesto que tenemos que también plantear” su liberación, aseveró Virgilio Acuña, virtual congresista por UPP, en una entrevista con este Diario. Una meta reprobable si se considera que el etnocacerista está preso por su participación en el homicidio de policías en Andahuaylas y que debe cumplir su condena, que termina en el 2024.

Asimismo, el partido en cuestión ha puesto sobre la mesa, en palabras del señor Acuña, la “pena de muerte para los presidentes de la República que incurran en actos de corrupción, para los violadores de menores y para los feminicidas”. La medida, aunque para algunos pueda ser popular, desafía la esencia de nuestra Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y el sentido común: lo corrupto e ineficiente de nuestro sistema de justicia hace de este tipo de castigo una amenaza para la sociedad.

A todo ello, además, se le puede sumar lo que defiende el etnocacerismo per se, con su nacionalismo extremo (con componentes autárquicos y xenofóbicos) y el rol que cumple en él la violencia (el Tribunal de Honor del Pacto Ético incluso se pronunció sobre un spot de campaña de UPP en el que se simula el fusilamiento de políticos investigados por corrupción, asegurando que explícitamente incitaba la violencia).

Así las cosas, preocupa que el partido que nos ocupa vaya a insistir con su discurso estridente una vez instalado en el hemiciclo y que no se interese en bajar sus decibeles radicales. Será importante que tomen en cuenta la naturaleza del encargo que la ciudadanía les ha confiado y que asuman la responsabilidad de trabajar en pleno respeto de las formas democráticas consagradas en nuestra Constitución. Es en este empeño, y en el rigor del debate parlamentario con sus pares recientemente elegidos, que se terminará por destilar de manera definitiva qué propuestas se convertirán en ley y cuáles no.