Editorial: Buen viento

En el Perú, cada época tiene su propia serie de obras públicas emblemáticas sin finalizar, que atestiguan la incapacidad del Estado para completar determinados grandes proyectos de infraestructura en menos de una década. Solo para hablar de Lima, hasta hace no mucho era el tren eléctrico, iniciado durante el primer gobierno aprista, el ejemplo clásico. De un tiempo a esta parte, no obstante, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez se volvió quizá el caso más notable.
Felizmente, la espera parece haber llegado a su fin. Después de 18 años de firmado el contrato –y luego de “cuatro presidentes”, como se encargó de puntualizar el jefe del Estado, Martín Vizcarra, no sin algo de malicia–, el Gobierno finalmente entregó los terrenos que el concesionario, Lima Airport Partners (LAP), requiere para iniciar las obras.

La ampliación, cuyo valor asciende a US$1.500 millones, incluye la construcción de una segunda pista de aterrizaje y despegue, una nueva torre de control y un segundo terminal para pasajeros tres veces más grande que el actual. Estas obras son sumamente necesarias para descongestionar la lamentable situación de lo que alguna vez se consideró el mejor aeropuerto de Sudamérica. La infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez, pensada para 10 millones de pasajeros, soporta hoy un flujo de más de 22 millones. Ello se traduce en un peor servicio a todo nivel: esperas y trámites más largos, demoras en vuelos, problemas de seguridad, etc.

La entrega de los terrenos es, pues, una gran noticia para los usuarios del aeropuerto. No obstante, la tarea de construcción recién comienza y no son pocos los puntos sensibles a tomar en cuenta de aquí en adelante. En primer lugar, no es la primera vez que el gobierno de turno anuncia que las obras están muy cerca de empezar, solo para que problemas previsibles retrasen nuevamente el cronograma por años. De hecho, aún hay asuntos pendientes, como la situación legal del terreno que faltaba entregar (aunque hay un acuerdo previo, el juicio entre la familia que reclama la propiedad y el MTC sigue en proceso), y la remediación ambiental del espacio. Si bien el obstáculo mayor ha sido resuelto, el camino hasta la inauguración del nuevo aeropuerto es largo, y no son pocas las obras públicas cuyos contratiempos aparecen más durante la ejecución del proyecto que antes de empezar.

Lo segundo es el tiempo de ejecución. En la actual situación de la total congestión de la infraestructura, esperar cuatro años para la nueva pista y seis años para el segundo terminal es demasiado pedir. Al respecto, por ejemplo, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) apuntó que la segunda pista debería quedar concluida en “no más de dos años, teniendo en cuenta que la referencia técnica es la segunda pista de Bogotá (Colombia) que fue entregada en 24 meses, pese a que las contingencias del terreno eran mayores a la de Lima”. Si bien el plazo es un asunto ya regulado por contrato con el concesionario, el retraso acumulado de casi dos décadas en estas obras podría justificar que se llegue a un acuerdo entre ambas partes que acelere la ejecución.

Lo tercero es que el proyecto de ampliación del servicio aeroportuario no puede ser entendido únicamente como el aeropuerto en sí, sino que debe incluir las vías de acceso. Las avenidas que conducen al Jorge Chávez están en realidad tan o más colapsadas que las salas de espera del terminal, de modo que es usual que llegar al aeropuerto demore más que el tiempo en el aire de los vuelos locales. Habilitar la avenida Santa Rosa, la Costa Verde, y eventualmente las líneas del metro de Lima que llegan hasta ahí también debe ser prioridad.

Según LAP, los trabajos de ampliación deberían empezar en diciembre. Alas y buen viento.