Editorial: Amenaza de mordaza

Aunque ha pasado desapercibida por la coyuntura futbolística, el último fin de semana el ministro de Justicia, Félix Chero, formuló una nada encubierta amenaza de mordaza.

Entrevistado en Canal N, el integrante del Gabinete anunció que en los próximos días su sector presentará un proyecto de ley para sancionar con “entre dos y tres años de pena suspendida” a los operadores de justicia que filtren información proveniente de una investigación reservada. “Si el fiscal, el juez, la policía, teniendo una información que es reservada, dolosamente, la filtra a terceros […], creo que resulta pertinente establecer no solo mecanismos de control de fiscalización, sino también punitivos”, expresó.

Según explicó el funcionario, la iniciativa buscaría preservar, por un lado, el desarrollo de la investigación misma y, por el otro, los derechos (como el de la presunción de inocencia) de los investigados. Y acotó que con esta no se atentaría contra el trabajo periodístico, pues no se les exigiría a los periodistas a revelar la identidad de sus fuentes.

Sin embargo, como sabemos los que nos dedicamos a este oficio, los intentos por debilitar la labor del periodismo suelen endomingarse con alusiones a supuestos fines benignos y no pueden ser interpretadas sin tener en cuenta el contexto en el que surgen. Y en realidad, no hace falta rascar muy hondo en las palabras del ministro Chero para descubrir su verdadera naturaleza.

Basta con recordar que grandes destapes del periodismo han sido posibles gracias a la labor que realizan las fuentes. En ocasiones, estas pueden proveer a los hombres y mujeres de prensa información no solo reservada, sino incluso legalmente prohibida de ser compartida, cuando han ponderado que existe, por encima del buen curso del proceso o de los derechos de los involucrados en este, una necesidad de priorizar el interés público y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Máxime cuando hablamos de investigaciones por corrupción que involucran a las autoridades más importantes de un país.

Así, las publicaciones de la prensa sobre procesos judiciales o investigaciones fiscales pueden ayudar a un mejor conocimiento y control de los gobernados sobre sus gobernantes. En el Perú, solo para recordar dos casos recientes, investigaciones como las de Lava Jato o Los Cuellos Blancos del Puerto (cuyos detalles llegaron a los peruanos gracias, en buena cuenta, a filtraciones como las que hoy el Ejecutivo amenaza con perseguir) revisten demasiada importancia como para quedar ocultas de los ojos de la opinión pública mientras se desarrollan.

De hecho, en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, no podemos olvidar que la filtración de los conocidos como “audios de la vergüenza” a la prensa evitó que estos quedasen enterrados por las maniobras que un grupo de fiscales puso en marcha desde el interior del Ministerio Público para desaparecerlos.

Por otro lado, aunque el ministro Chero lo niegue, es evidente que, si el objetivo del proyecto es ir contra los que filtren información, los perseguidores intentarán presionar para que quienes la reciban –como los periodistas– les revelen la identidad de los primeros. Además, de concretarse esta iniciativa, sí afectará el trabajo periodístico, pues, como es obvio, si una fuente judicial, fiscal o policial siente que puede ser sancionada penalmente por entregar información a la prensa, es evidente que no lo hará. Y no hay que olvidar que este tipo de medidas tienen el objetivo no necesariamente de sancionar, sino de intimidar. No en vano ya organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el IPYS y el Consejo de la Prensa Peruana han cuestionado el anuncio del ministro por sus potenciales implicaciones para la labor de la prensa peruana.

Finalmente, es imposible no leer este anuncio del titular de Justicia como una respuesta burda y desesperada ante los recientes destapes periodísticos sobre los avances que se van registrando en las investigaciones fiscales (incluyendo los detalles de los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces) que involucran a su jefe, el presidente Pedro Castillo. Por lo que, con iniciativas de este tipo, el ministro Chero parece cumplir como un defensor desembozado del presidente de la República.